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Sociedad

Tras más de ocho meses, aún no se conoce al presunto feminicida de Lesly Vicente

Las investigaciones por el feminicidio de Lesly Vicente han avanzado de manera lenta. Ante la indolencia, inestabilidad de fiscales y pericias retrasadas se teme que el caso pueda ser archivado.

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En los primeros meses, “no se llevó a cabo una investigación como debería ser”, recalca la hermana de Leslie. Foto: composición LR

La madrugada del 15 de julio del 2020, alguien puso fin a los sueños y metas de Lesly Valeria Vicente, estudiante de Ingeniería Civil. Tras escuchar un fuerte grito proveniente de su habitación, ubicada dentro de la propiedad de la familia de la pareja de su hermano en Tingo María, la encontraron inconsciente en el piso.

Horas después, su mamá, en Lima, recibió la llamada de un pariente que vivía en el domicilio. “Me dijeron que mi hija estaba muerta, desmayada. A eso de las 8.00 a. m. me confirman que fue un asesinato”, cuenta Clavelina Félix Espinoza con la voz apagada. Han pasado más de ocho meses desde que ocurrieron los hechos y aún no se ubica al presunto feminicida.

El informe de necropsia legal reveló que Lesly Valeria Vicente presentaba “cuatro heridas punzocortantes penetrantes”. La lesión que causó su muerte fue una herida en el tórax posterior que perforó órganos vitales.

De la noche a la mañana que nos digan esto... Hasta ahora me cuesta aceptarlo. El dolor que esto nos ha causado, prácticamente, a toda la familia nos mató”, relata Rosmery Caldas con frustración, hermana de la víctima.

Tras más de ocho meses, aún no se conoce al presunto feminicida de Lesly Vicente

Retrasos en la investigación

Hasta el momento, no se ha denunciado a nadie por el feminicidio de Lesly. El caso fue declarado complejo por el fiscal a cargo y se dio un plazo de ocho meses para las indagaciones, el cual vencerá el 6 de junio del 2021. Si a la fecha no se ha encontrado al presunto culpable, el proceso podría archivarse hasta que se encuentre una nueva prueba.

La familia de Lesly reclama retrasos en los inicios de las investigaciones por la inestabilidad de fiscales y abogados. Los dos primeros fiscales no se comunicaban. “Al inicio, nada. No conocíamos al fiscal. No nos daba la cara. Nosotros preguntamos y nos decían: ‘Señora, por motivos de pandemia no podemos informar nada’”, reclama Clavelina Félix. Recién ahora con la letrada Evelyn Villareal Herrera tiene un poco de esperanzas: “Ella sí está trabajando; con ella si podemos conversar”.

También pasaron por dos abogados del Ministerio de la Mujer que no les daban detalles sobre los avances del caso. “Solo nos decían de boca, pero no teníamos los documentos para saber qué había pasado y a quiénes investigan”, señala Rosmery Caldas. Actualmente, van por el tercer abogado, Gino Rodríguez, quien es supervisado y apoyado por Diego Crispin desde la sede central del CEM. “Ellos me están facilitando los informes, porque nosotros no sabíamos nada, prácticamente”, añade la hermana.

Sin embargo, los primeros meses, los más valiosos en las diligencias, no se pudo avanzar mucho. “Solo se basaron en declaraciones y no se ha llevado a cabo una investigación como debería ser”, recalca Rosmery, quien teme que el caso pueda ser archivado al no haber nadie denunciado por la muerte de su hermana.

En búsqueda de las pistas

El día de la muerte de Lesly Valeria, todo ocurrió de manera muy rápida. Un grito llamó la atención de las personas que vivían en la casa y luego llegó la Policía. Sin embargo, hay detalles que llaman la atención de la defensa.

El abogado Diego Crispin señala que las personas que vivían en el domicilio, que pertenece a la familia de la cuñada de la víctima, manifiestan que solo escucharon el grito de la joven y nada más: “En una casa de madera, donde el segundo piso también es de madera, cuando uno camina, suena. ¿La persona que vive en el primer piso no pudo escuchar nada? Además, aparentemente no hubo violencia para ingresar, entonces pudo ser una persona conocida”, explica el letrado que apoya el caso. A Rosmeri esto también le genera desconfianza, pues “que no hayan escuchado nada” le resulta extraño. “Imagino que mi hermana pidió ayuda”, indica.

Hay pruebas que no se pudieron recabar y otras que se han retrasado. La técnica del luminol, utilizada para detectar rastros de sangre, solo se realizó en el pasillo y no en el cuarto, donde sucedieron los hechos. La razón fue que “según las pericias realizadas, el lugar había sido contaminado: ingresaron distintas personas cuando encontraron a la víctima. En ese sentido, no se pudo practicar esa pericia en el lugar”, detalla Crispin.

Conocer el contenido de las últimas conversaciones telefónicas de Lesly es vital. Esto podría llevar a que las autoridades tengan más indicios sobre la identidad del responsable. Sin embargo, recién en febrero de este año se pudo realizar la audiencia para el levantamiento de las comunicaciones de ocho sospechosos, la cual fue declarada fundada por el juez para seis personas.

El siguiente paso es que las operadores telefónicas envíen la información, proceso que a veces puede convertirse en una espera interminable, ya que “la norma no establece plazos y muchas veces se tiene que reiterar los pedidos o insistir para que remitan (los reportes) “, explica Edith Aiquipa, abogada del Centro de la Mujer Flora Tristán.

Al momento del ataque, Lesly se defendió como pudo, ya que en sus uñas se encontraron residuos que pueden ser de piel, sangre o tejido piloso, los cuales se encuentran lacrados y tienen que ser homologados con el ADN de los sospechosos. No obstante, para realizar esta prueba hace falta un insumo químico con el que no cuenta Medicina Legal de Tingo María y que lo tiene que facilitar Fiscalía de la Nación (FN).

“Necesitamos un documento que diga que no se tiene los insumos. Una vez que se tenga, a través de los representantes de la entidad del MIMP, se va comunicar con el presidente (de la FN) para que dé la orden, lleguen estos insumos y se practiquen las pericias”, detalla Diego Crispin, quien confía en que se reunirán las pruebas suficientes para poder hacer la denuncia formal.

La inestabilidad de abogados y fiscales, la falta de algunas pericias y los tediosos procedimientos burocráticos han beneficiado al culpable del feminicidio de Lesly Vicente, pero no para siempre. Su familia, con la ayuda del colectivo Juntos Perú por Justicia: Basta de Impunidad, seguirá luchando por ubicar al responsable y que se cumpla su condena.