Familiares de esposa del gobernador de Arequipa contrataron con Región

Desde que inició la gestión del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, su esposa ha tenido protagonismo. Jenniffer Neira Gonzales, presidenta del Comité de Damas del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), ha encabezado diversas actividades sociales, incluso por encima de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, como en la entrega de frazadas de Acnur, lo que es investigado por la Fiscalía. Detrás de ese lado mediático existen contrataciones cuestionables.

El primo hermano de Neira Gonzales, Henry Brian Neyra Zevallos, no solo efectuó un servicio a la entidad regional, sino que su esposa, Daysi Huamaní Llacho, fue contratada por la entidad regional y también brindó varios servicios desde 2019, año en que arrancó el mandato regional de Cáceres Llica.

Los lazos

“Sí es mi primo pero no se nada”, declaró Jenniffer Neira sobre Henry Neyra luego de entregar alimentos a diversas ollas comunes en la sede regional días atrás. Los padres de Jenniffer y Henry son hermanos, por lo que ellos son primos. Sus progenitores tienen los mismos nombres, tanto de padre y madre, según sus respectivas fichas Reniec. Además diversas fotografías confirman el vínculo familiar.

Mientras que Henry y Daysi Huamaní son esposos. La pareja contrajo matrimonio civil en febrero del 2020 en la Municipalidad Distrital de Paucarpata. Según el expediente matrimonial tuvieron una convivencia de 3 años, es decir la relación procede antes de que Cáceres Llica gane las elecciones.

Los beneficios inician con la contratación de servicios por parte del GRA a Daysi Huamaní y todos relacionados con la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, despacho con que coordina directamente el Comité de Damas para diversas actividades. Desde mayo a octubre del 2019 se emiten 6 órdenes por S/ 13 493. Principalmente por requerimiento de personal para el “programa de juventudes y voluntariado en la Subgerencia de la Mujer”.

Precisamente es en octubre del 2019 que Huamaní deja de ser proveedora para que la contraten bajo el régimen D.L. 276 por suplencia hasta la actualidad. Tiene el cargo de auxiliar de formación del niño III de la Aldea Infantil. Huamaní es bastante requerida por la titular de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, Lizbeth Pilco. Participó como integrante de comisiones de contrataciones y hasta es encargada de la caja chica de la gerencia.

El primo hermano de la presidenta del Comité de Damas también proveyó sus servicios a la Región. Henry Neyra brindó un servicio en marzo del 2020 por S/ 1800 para clasificación, registro y entrega de documentos. Peculiarmente es el único caso en que la Oficina de Logística del GRA no registró este gasto en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

La República se comunicó con Huamaní Llacho para que dé sus descargos, pero sostuvo que se encontraba trabajando.

Si bien Jenniffer Neira no ocupa ningún cargo público, para el especialista en derecho municipal Edgar Lajo, hay serios indicios de conflicto de intereses de parte de Cáceres Llica. “Que un proveedor sea un pariente de la esposa del gobernador, ese solo hecho de vínculo familiar, ya genera la presunción de un conflicto de intereses”, declaró. Abona estas presunciones que los servicios prestados de Huamaní y Neyra son directos por estar debajo de lo que la ley exige. De esa forma se evita los concursos públicos.

Lajo advierte que se vulnera la Ley del Código de Ética de la Función Pública que no permite el conflicto de intereses de ningún tipo. “Amerita una investigación, un proceso administrativo disciplinario y por consiguiente la identificación de los presuntos responsables”, advirtió.

Harberth Zúñiga

Consejero regional

El gobernador Elmer Cáceres por lo menos está cometiendo una falta ética por tratar de beneficiar a los parientes de su esposa. Habría que corroborar y confrontar la declaración jurada de conflictos de intereses de la autoridad que por norma la Contraloría exige. Si no ha consignado que su familia política por parte de su esposa está beneficiándose constituye un delito contra la fe pública. Si sostiene que no sabía hay que ser iluso para creerle. Lo primero es que esta persona no debe seguir trabajando un día más.

Desde el Consejo Regional vamos a exhortar al despacho de gobernación tome las medidas inmediatas independientemente de la determinación de responsabilidades si las hubiera del tipo administrativo y legal.