Cada año, miles de animales salvajes son capturados en la espesa selva peruana para acabar como mascotas, comida exótica, cosméticos o falsos medicamentos fundamentados en creencias tradicionales.
Según la Interpol, una red mundial de tráfico ilegal de fauna silvestre recauda entre 7 y 23 mil millones de dólares anuales y nuestro país termina siendo una ‘zona roja’, no sólo para el traslado, sino también para la captación de especies.
Investigaciones del Proyecto Prevenir de USAID confirman que, a pesar de la pandemia, en el último año aumentaron los delitos ambientales en la Amazonía peruana. La minería y la tala ilegal, así como el tráfico ilícito de vida silvestre, han mostrado su capacidad para continuar en esta “nueva normalidad”. De acuerdo a la Interpol y las Naciones Unidas, los delitos ambientales destacan entre las actividades criminales más rentables, de mayor crecimiento y con limitadas o inefectivas sanciones para los infractores.
El tráfico ilegal de vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más lucrativa del mundo, solo después de la comercialización de drogas, la falsificación de dinero y la trata de personas.
Advierten, además, que el tráfico de especies puede provocar la aparición de enfermedades zoonóticas, como la COVID-19, el dengue, el VIH, la malaria, la fiebre amarilla, la influenza y el 75% de enfermedades que conocemos. La conservación de la Amazonía, así como la promoción de actividades productivas sostenibles que se den en ella, es un tema de interés y responsabilidad no solo del actual gobierno y los candidatos, sino de responsabilidad mundial.Esta será la única manera de detener la ilegalidad y posibles brotes de nuevas enfermedades zoonóticas.
Especialistas en el tema manifiestan que no hay una estructura ni una inteligencia para combatir el tráfico. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace tan atractivos?
La diversidad y belleza de las especies en la amazonia incentivan al mascotismo y el coleccionismo.
Entre las aves más buscadas y de mayor valor en el mercado internacional figuran el guacamayo rojo y verde, cuyo precio supera los 250 dólares. También el cernícalo americano, el loro máscara roja, el loro cabeza gris o pedrito, el botón de oro y el pihuicho de ala amarilla. Los reptiles también ocupan los primeros lugares. La iguana verde, varias especies de tortugas como la taricaya, motelo y matamata, así como la boa mantona están entre las que más se venden de forma ilegal.
Expertos de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y de SERFOR también dan cuenta del terrible tráfico de partes de jaguar que se está dando en Iquitos. Colmillos, cráneos, pieles y garras se venden de manera ilegal en los mercados de Loreto.
Lo cierto es que no se sabe con precisión el valor ecológico de cada especie en su ambiente, porque no hay estudios al respecto.
Caza, captura, tenencia, crianza, transporte, comercio, exhibición y manufactura son algunas de las opciones de explotación. “Las redes son una gran plataforma de venta y es muy difícil localizar geográficamente al vendedor”, afirmó un oficial de la Interpol. La policía considera que el tema “debe ser considerado crimen organizado y tratado como un delito complejo para cambiar la perspectiva y que no se nos sigan yendo nuestras especies”.
La mitad de los animales vivos que provienen de decomisos, no se logran reinsertar en la naturaleza. “Muchos mueren en seguida porque llegan en condiciones de deshidratación y hacinamiento”, comenta la exfiscal de la Fema de Madre de Dios, Karina Garay.
Información del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) muestra que entre 2000 y 2016 se confiscaron 66.937 animales silvestres entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Estudios realizados por el Ministerio del Ambiente (MINAM) confirman que la ilegalidad en la Amazonía aumentó en los últimos años. Es indispensable que estos problemas y sus impactos sean reconocidos por la ciudadanía y líderes políticos como temas urgentes y prioritarios, lo cual debe venir acompañado de una prensa activa que asuma su rol para informar sobre lo que ocurre en la Amazonía peruana.
La Estrategia Nacional para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre 2017-2027 señala que las regiones que registran mayor cantidad de intervenciones son La Libertad, Lima, Loreto, Lambayeque y Ucayali.
Asimismo, se advierte que la mayor cantidad de animales silvestres o subproductos es comercializada en los mercados de abasto de Lima, principalmente en el Cercado, San Juan de Miraflores y Puente Piedra, ya sea en puestos fijos o a través de vendedores ambulantes.
No obstante, el 80% de los animales silvestres comercializados en Lima proviene de las regiones de San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Iquitos y Yurimaguas son los principales lugares de acopio de las diferentes especies de fauna silvestre extraídas de la región Loreto.
Desde estas ciudades, las especies son traficadas hacia diversos puntos del Perú, Brasil y Colombia, a través de Santa Rosa, Pucallpa y Tarapoto.
Por su parte, Pucallpa es el principal lugar de acopio de las diferentes especies de fauna silvestre extraídas de la región Ucayali. El destino principal es Lima, a través de Tingo María y La Merced. Entretanto, Puerto Maldonado y Cusco son importantes centros de acopio de las especies de fauna extraídas o cazadas en Madre de Dios y la región andina.
Sus principales destinos son Ica, Lima, Bolivia y Chile. En Europa: Holanda, Bélgica, Austria, Suiza, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España. En Asia: Singapur, Hong Kong, Japón y Filipinas. En Norteamérica: Estados Unidos y Canadá. En Latinoamérica: Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y Ecuador.
El Proyecto Prevenir de USAID hace un llamado a las autoridades actuales y futuras a proteger los espacios naturales, luchando contra las actividades ilegales que crecen a gran velocidad en los bosques, a pesar de las cuarentenas impuestas por el Gobierno del Perú. La extracción ilegal de madera, la minería ilegal de oro y el tráfico de vida silvestre son delitos que se involucran con otras actividades ilícitas, tales como el tráfico de tierras, el blanqueo de dinero, la corrupción y la trata de personas.
Estas actividades ilegales destruyen este espacio natural al que nos hemos comprometido a proteger. Es urgente la creación de un nuevo marco político e institucional que proteja y asegure la calidad de vida de los peruanos, pero que a la vez, movilice a la ciudadanía, la sociedad civil y el sector privado en el combate a estos delitos.