Dictan 24 meses de prisión preventiva para Anselmo Lozano y cuatro personas
Magistrado Reynaldo Leonardo Carillo señaló que se acreditó presunto delitos de cohecho y colusión en el caso de suspendido gobernador.
Anselmo Lozano Centurión, suspendido gobernador regional de Lambayeque, deberá ser recluido en el centro penitenciario para cumplir la orden de prisión preventiva por 24 meses dispuesta por el Poder Judicial.
El hombre que por cinco períodos consecutivos ganó la alcaldía del distrito de La Victoria es investigado por los delitos de cohecho, colusión y organización criminal. Estos ilícitos los habría cometido durante su ultima gestión entre el 2015 y 2018.
Fallo
El plazo de 24 meses empezará a contabilizarse desde que Lozano Centurión sea internado en un penal de Chiclayo. Aunque el Ministerio Público había solicitado 36 meses de cárcel preventiva, no apelará la decisión para los cinco investigados.
La decisión de esta prisión preventiva fue tomada por el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado Anticorrupción de Lambayeque. Durante las más de cuatro horas que le tomó al magistrado leer su fallo, la mayor parte estuvo centrada en las pruebas que la fiscal Karim Ninaquispe Gil entregó para sustentar la vinculación de Lozano con el presunto direccionamiento de obras a cambio de dádivas.
“En el caso del señor Lozano Centurión habiéndose informando que está hospitalizado, se dispone que la medida se ejecute una vez que se le de de alta en el centro de salud donde se encuentra”, precisó Reynaldo.
Para Reynaldo Leonardo, existen elementos suficientes para que al exautoridad regional afronte el proceso que se le sigue en prisión. “La medida es idónea, necesaria, adecuada y proporcional”, dijo el magistrado.
El juez valoró las declaraciones de los empresarios Walther Vladimir Padilla Mera (Constructora y Consultora Quetzal SAC) y Salomón Caján Aguinaga (Hersaca Contratistas EIRL) sobre la entrega de coimas a Lozano Centurión por ser beneficiados con obras públicas. Afirmó que sus testimonios están corroborados y esto le permitió concluir que existe una sospecha grave de la presencia de una organización criminal, que habría operado para beneficiarse con los recursos del Estado.
Según las investigaciones fiscales, Padilla Mera logró ocho adjudicaciones de obras públicas, entre los años 2015 y 2017, a través de su empresa Quetzal SAC. En la audiencia de fallo, el magistrado Reynado Leonardo citó la versión del colaborar acerca de que el mencionado entregó S/ 25.000 a Dick Silva Ravines, exjefe de Estudios y Proyectos, para ganar la adjudicación simplificada n.° 02-2017.
Del mismo modo, el juez refirió el testimonio del empresario Salomón Caján Aguinaga, representante de Hersaca SAC, quien también se sometió a la confesión sincera y habló de la entrega de dádivas.
“Este juzgado señala que sí está acreditada esta versión con las documentales que acreditan la existencia del comité de selección (de las obras) y los montos de las contrataciones en los referidos proceso de contratación”, detalló.
Implicados
La prisión preventiva de dos años implica a los investigados Wilfredo Castro Carmona, Osmán Yangua Criollo, Alejandro Criollo Quispe y Harry Gonzales Solano, exgerente de Infraestructura. Ellos serán recluidos en el penal de Chiclayo.
El juzgado dispuso también comparecencia con restricciones para el exgerente regional María Castro Grosso y su hijo William Sime Castro, quienes deberá cumplir normas de conducta. La medida abarca a José Huamán Vargas, Marco Tarrillo Bustamante y Alexandra Criollo Ramírez. Ellos deberán, además, pagar una caución económica.
“Deberán comparecer cada fin de mes ante el Ministerio Público y dar cuenta de sus actividades. No ausentarse de su domicilio sin autorización del juzgado de investigación preparatoria. No tener comunicación por cualquier medio con los demás imputados o colaboradores eficaces”, expuso el magistrado.
