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Sociedad

Reforzar fiscalización en mercados para prevenir segunda ola de COVID-19

Defensoría identificó que en cerca del 25% de mercados de todo el país, comerciantes y compradores no utilizan adecuadamente las mascarillas.

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Mercados podrían convertirse, nuevamente, en uno de los principales focos de contagio de la COVID-19. Foto: John Reyes / La República

En al menos la cuarta parte de mercados de abastos a nivel nacional supervisados por la Defensoría del Pueblo, los comerciantes y compradores no utilizan adecuadamente las mascarillas, situación que los pone en riesgo.

Así, según información defensorial, visitaron 387 mercados de todo el país del 9 al 23 de noviembre del 2020 y encontraron este tipo de incumplimiento de medidas sanitarias, cuyo monitoreo constituye una de las funciones del Comité de Autocontrol Sanitario de cada establecimiento.

Ante ello, la institución pide que los municipios y gobiernos locales intensifiquen las labores de fiscalización en dichos lugares y sus inmediaciones, sobre todo, por el incremento de aglomeraciones ante la proximidad de las fiestas de fin de año.

Asimismo, se detectó que en el 41 % de los mercados no se efectúa la toma de temperatura al ingreso de estos establecimientos; y, en casi el 40 % tampoco se apreció personal de control de distanciamiento. Otro aspecto preocupante es que en el 56 % de mercados existe comercio ambulatorio afuera de sus instalaciones, lo que aumenta los problemas de aglomeración y no permite un adecuado control de las medidas sanitarias.

Ante el relajamiento en el cumplimiento de las medidas sanitarias básicas, la institución recordó que, en mayo de 2020, se aprobaron los “Lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados de abastos y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos”, a fin de reducir la aglomeración de personas y prevenir la propagación del nuevo coronavirus, a través de la implementación de protocolos de salubridad.

Según este protocolo, son los gobiernos locales los encargados de cautelar su adecuada implementación, así como aprobar los Planes de Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 de los centros de abastos de su jurisdicción.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advierte que ya pasaron seis meses desde el vencimiento del plazo para la aprobación y remisión de los referidos planes. Y según información proporcionada por el Ministerio de la Producción, a septiembre de 2020, solo 27 de 196 municipalidades provinciales y apenas 42 de las 1655 municipalidades distritales cumplieron con esta obligación.

Como resultado de este incumplimiento, más del 86% de mercados de abastos listados en el Censo Nacional no contaría con un Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 aprobado y remitido al Ministerio de la Producción.

“Ante los graves incumplimientos detectados, la Defensoría del Pueblo advirtió a los gobiernos locales la urgencia de avanzar en la transformación de los mercados a fin de garantizar que sean espacios seguros para comerciantes y consumidores”, señala la institución.