Arequipa: Concesionaria Cobra estima en US$ 66 millones daños por paralización de Majes Siguas II

Napoleón Ocsa, gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), anunció que la próxima semana responderán a la carta enviada por Cobra, concesionaria de Majes Siguas II. Con la misiva la empresa española activa el mecanismo de caducidad del contrato para finiquitarlo. Esgrime que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no cumplió una serie de obligaciones que le impiden retomar las obras. “Estamos analizando la carta con Asesoría Jurídica. Responderemos según nuestros derechos que también están contemplados en el contrato”, declaró Osca.

Adelantó que darán a conocer las obligaciones que Cobra incumplió y gestionarán reuniones directas para solucionar las divergencias. Pero la transnacional no solo amenaza en resolver el contrato, sino también advierte daños millonarios por los varios años de paralización. “…sin que el concedente (GRA) muestre interés y voluntad reales en sacar adelante el proyecto, y luego de los cuantiosos daños emergentes por encima de 66 millones 990 mil dólares sufridos por el concesionario (Cobra), lamentablemente se tiene otra alternativa que ‘actuar conforme a derecho’”, explican en una parte del documento.

Cobra no precisa en qué aspectos se le ha afectado. Ocsa sostiene que sería una pretensión si no se llega a una solución. “Vamos a tener que consensuar y conversar con ellos para solucionar. En un eventual arbitraje van buscar resarcir esos gastos. Sería un tema que se ventilaría en un fuero”, explicó.

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El GRA también está entre las cuerdas por las exigencias de pagos de Cobra, como de las obras adelantadas que ejecutó para la segunda fase del proyecto, que alcanzarían los 80 millones de dólares. El 26 de agosto, en un foro virtual organizado por el Movimiento Independiente Cívico de Arequipa (MOINCA), Joaquín Roura, directivo de Cobra explicaba que no tenían la obligación de invertir nada pero lo hicieron. “En agosto de 2017, se pactó que se podía adelantar obras. Se ha adelantado 42 millones de dólares que no se han pagado. Más toda la inversión que se hizo por la tuneladora e instalaciones que son otros 40 millones”, explicaba Roura. Como cereza del pastel, se pone como plazo el 4 de octubre para que el GRA entregue el quinto desembolso del cofinanciamiento.

El correo que lo desató todo

Todas estas exigencias y la decisión de buscar la caducidad del contrato, se desataron por el correo electrónico de Autodema a Cobra el 28 de setiembre. En el email, Autodema pide más información para sustentar la adenda 13. De su lectura, así lo entiende la empresa, se desprende que la firma de la adenda no es necesaria. Hay agua suficiente y no se requiere hacer el cambio tecnológico para regar las tierras.

Para Isaac Martínez, exgerente de Autodema, los planteamientos pueden ser valederos, pero, ¿hacer un reclamo después de casi dos años no parece lógico?, explica Martínez.

El ingeniero precisa que hay actas de aceptación de la adenda 13 firmadas en la gestión regional de Yamila Osorio. “Esos acuerdos para mí son inválidos porque no han sido firmados por la gobernadora”, sostuvo. Sin embargo, añadió, esta gestión debió revisarlo y plantear la exigencia de manera inmediata.

En el mismo sentido, opina el consejero regional José Luis Hancco. Sostuvo que la adenda 13 se dejó amarrada, pero de manera irregular. “El Consejo Regional debió aprobarlas”, arguyó.

Por su lado, Ocsa sostiene que hay una mala interpretación del correo por parte de Cobra. Explicó que la intención no era confrontar sino prepararse para posibles observaciones a la adenda 13 cuando sea evaluado por Contraloría. “No estamos confrontando, al contrario, consensuar posibles observaciones que podían darse. Hemos contestado con una carta ayer aclarando ese correo”, indicó.

El funcionario sostuvo que están convencidos por las justificaciones del cambio tecnológico. Cierto o no, el lapsus fue la gota que derramó el vaso para la empresa.

GRA no cumplió con varios compromisos

Martínez sostiene que todo está a favor de la concesionaria. Explicó que tienen razón en señalar que el GRA no cumplió el cronograma pactado hasta el 30 de octubre. No tener la opinión favorable de Proinversión (7 de setiembre) de la adenda 13, ni del Ministerio de Economía y Finanzas (23 de setiembre).

Ocsa sostuvo que no pueden hacerla analizar porque no está aprobada la garantía soberana para financiarla. Martínez sostiene que eso debían decirle a Cobra hace 1 año y 8 meses y no aceptar el cambio tecnológico y que la obra continúa sin modificaciones.

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