“El Acuerdo de Escazú debe ser ratificado”
Aída Gamboa Balbín, coordinadora del programa Amazonía de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que “sectores políticos y económicos le dieron la espalda a este proceso con una campaña de mentiras y desinformación que se lograron finalmente aclarar”.
Aída Gamboa. DAR
Las últimas semanas el convulsionado contexto político en nuestro país opacó el importante proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú que realiza la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Este tratado es el primero en materia de derechos humanos ambientales para América Latina y el Caribe que desarrolla el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 sobre acceso a la información, la participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales, y que incorpora disposiciones en la protección de las y los defensores ambientales.
El pasado 27 de septiembre de 2020 se cumplieron dos años desde la apertura de firmas del Acuerdo de Escazú, con lo cual a la fecha son 10 países que lo han ratificado, siendo Argentina el décimo país en sumarse a esa lista, en la madrugada del 25 de septiembre (hora Buenos Aires), y Dominica el vigésimo cuarto país en firmarlo, el mismo 26 de septiembre, cuando se vencía el plazo para hacerlo. Perú parecía ser uno de los países que ratificaría el Acuerdo, pero sectores políticos y económicos le dieron la espalda a este proceso con una campaña de mentiras y desinformación que se lograron finalmente aclarar.
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Tan solo en el periodo de emergencia sanitaria, cuatro líderes ambientales fueron asesinados, siendo el último Roberto Pacheco, defensor de los bosques de Madre de Dios contra la tala y minería ilegal. No solo la COVID-19 ha puesto riesgo la vida de diversos líderes y lideras, sino nuestra débil institucionalidad ambiental que tenemos en cuanto a la protección a las personas que promueven y defienden el medio ambiente. Con la ratificación del Acuerdo de Escazú sería un hecho que iniciativas, como el protocolo y registro de defensores en derechos humanos, o la puesta en práctica de mayores juzgados ambientales se reforzarían.
Las disposiciones para favorecer a los diferentes grupos y personas en situación de vulnerabilidad, el uso de intérpretes, facilidades en cuanto asistencia técnica o jurídica gratuita en los procesos judiciales o administrativos, cuando corresponda; así como otras específicas para las empresas reconociendo el espíritu de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas son otros elementos que coadyuvarían definidamente a una mejor gobernanza de los recursos naturales y a un clima de inversiones sostenibles.
El Congreso tiene la oportunidad de ratificar el Acuerdo de Escazú, no la desperdicien más.
