Defensoría sobre tragedia en Los Olivos: “Una investigación debe determinar si la PNP cumplió con todos los protocolos”
Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, advierte que el municipio de Los Olivos y los dueños de la discoteca tienen responsabilidad en el trágico deceso de 13 personas. Además, pide investigar la actuación policial.
“Es obligación de las autoridades respetar, en todo momento, la seguridad e integridad de las personas intervenidas, aun si estas se encuentran infringiendo la ley”, señala el comunicado oficial de la Defensoría del Pueblo acerca de la trágica intervención policial en la discoteca de Los Olivos que culminó con 13 personas fallecidas.
La noche del último sábado 22 de agosto, la Policía Nacional intervino el hacinado local de Thomas Restobar, en el que más de 100 personas realizaban una fiesta en horas muy cercanas al inicio del toque de queda. La versión oficial señala que cuando los intervenidos intentaron escapar murieron aplastados y asfixiados, pero hasta ahora nadie sabe cómo “se cerró” la única puerta de salida del local que operaba bajo la ilegalidad.
Hay personas que hablan sobre el estado de derecho para señalar que los asistentes no debieron asistir a esa discoteca durante el toque de queda, pero bajo esta misma figura el municipio debería haber cerrado ese lugar.
Este lugar nunca debió estar abierto y tuvo que mantenerse cerrado. Y esa es responsabilidad municipal. Si bien la responsabilidad del ciudadano es propia, pero en primer lugar está el Estado como garante de la vida e integridad de todos los ciudadanos en el país. En este caso, el ente municipal era el garante.
Algunas opiniones en redes sociales están juzgando a los fallecidos, pero ¿se pierde de vista las responsabilidades del municipio y los dueños del lugar?
Eso no debe ocurrir. La principal responsabilidad, indudablemente cae en quien convocó esta reunión, quién la organizó y financió. Ellos son los primeros responsables y deben responder ante la justicia penal por un acto tan grave, tan alevoso.
También hay responsabilidad ineludible de quienes no actuaron en su momento para clausurar, por todos los medios posibles, este tipo de locales que no deberían brindar el servicio que brindan.
Acerca de la actuación de la PNP, un operativo con 13 fallecidos en un local hacinado.
Las intervenciones policiales de toda índole no pueden o no deberían afectar derechos fundamentales, más aun lo que significa la vida y la integridad, por ello se debe tomar la máxima previsión.
Aquí tiene que haber una investigación que determine si la PNP cumplió con todas las directivas y protocolos, y si se tomó en cuenta la peligrosidad que se daba justamente al hacer intervención.
Ahí, la Policía Nacional a través de sus propios medios y estamentos tendrá que evaluar e investigar, y lo mismo le corresponde al Ministerio Público.
Por ejemplo, cuando se va a realizar un desalojo, la PNP evalúa todas las opciones que corresponda antes de realizar la intervención porque saben que puede haber un costo social y si considera que es muy alto no interviene en el momento, sino que espera y toma otras alternativas.
En cuanto a este hecho, corresponde saber si se tomaron estas previsiones y si a pesar de haber tomado todas las previsiones es que tenemos este fatal desenlace. Eso queda en manos de la investigación del Ministerio Público y de la propia Policía.
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¿Qué apoyo se le debe brindar a los familiares y deudos? ¿Qué se recomienda como institución?
Ya se anunció por parte del Ministerio de la Mujer que se está brindando el apoyo cercano a las víctimas y eso, desde todo punto de vista, es destacable.
No debe soslayarse que ahora los familiares de las víctimas requieren contención emocional. Van a requerir, sin duda, apoyo para, en estos momentos, inhumar los cuerpos y también el apoyo que necesitarán para iniciar o llevar las investigaciones y los procesos que sean necesarios. Ellos en calidad de familiares de las victimas tienen que tener las indemnizaciones.
La Defensoría viene prestando todo su apoyo a las familias y seguirá prestándolo, velando que este proceso de investigación que se inicia y posterior etapa garantice una adecuada reparación.
¿Qué recomendaciones realiza la Defensoría del Pueblo para el Estado a partir de este caso?
Desde la Defensoría del Pueblo insistimos en activar el tejido social, que implican en estos casos, a las organizaciones vecinales. Si se dio cuenta, por ejemplo, que este lugar estaba abierto y no se tomaron acciones eso es grave y por ello invocamos a que las autoridades siempre escuchen a sus organizaciones vecinales, a las juntas de vecinos y de la mano de ellos puedan prevenir que estos hechos puedan volver a ocurrir.
Entonces ¿Nos urge el fortalecimiento de la comunidad en el marco de la pandemia?
Hemos señalado la necesidad de que todos los estamentos fortalezcan su relación con la sociedad organizada.
