Chiclayo: más de 150 docentes son investigados por cometer faltas disciplinarias

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo, Ángel Salazar Piscoya, informó que 155 docentes vienen siendo investigados por presuntamente haber cometido diferentes faltas administrativas que van desde la inasistencia hasta el abuso sexual.

Las cifras no son muy alentadoras. En lo que va de este año, solo tres profesores han sido sancionados luego de haber pasado por un proceso administrativo sancionador. Dos de esos casos fueron por hechos contra la libertad sexual, por lo que fueron destituidos.

Según explicó Salazar, la mayoría de estos procesos vienen siendo arrastrados de años anteriores debido al déficit de personal. Este año, las disposiciones emitidas durante el estado de emergencia por la COVID-19 ocasionaron retrasos para concluir con estas investigaciones.

“El docente procesado tiene derecho al debido proceso y a la defensa. En esta etapa de pandemia eso se ha dificultado, pero estamos superándolo a través de videollamadas”, expresó.

Además, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios solo cuenta con dos asesores legales, pero Salazar estimó que necesitan de cuatro abogados más para apoyar en la revisión de expedientes y en la elaboración de informes.

“Vienen casos desde el 2017 que no han sido sancionados. Los procedimientos han estado estancados. He dado la orden de que se de prioridad a aquellos casos que tienen varios años sin resultado”, sostuvo el director.

De acuerdo a la información proporcionada por la UGEL Chiclayo, cinco casos se encuentran con el proceso en curso dentro de Comisión; 50 docentes, en la etapa de investigación previa al inicio de un procedimiento sancionador; y al menos 100 denuncias, en la etapa de calificación para determinar la gravedad de la falta.

“Generalmente son faltas administrativas por inasistencia, incumplimiento de funciones, violencia contra estudiantes y por permitir cobros indebidos en el proceso de matrícula”, agregó el funcionario.

Solo en este año, siete directores vienen siendo investigados por condicionar la matrícula en las instituciones educativas públicas, mientras que otros 80 directivos afrontan un proceso por no haber cumplido con presentar su inventario.