La Procuraduría de Anticorrupción en Tumbes denunció que funcionarios del Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría (Jamo II), habrían direccionado el proceso de selección para la compra de 50 mil mascarillas a una empresa sin experiencia.
La denuncia fue interpuesta por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión y negoción incompatible. El oficio fue recibido por el fiscal Pedro Sime Ruiz, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
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De acuerdo a la denuncia de la Procuraduría, un promedio de 50 mil mascarillas planas y 1,500 mascarillas N95, destinadas a proteger a los médicos del Hospital Regional, fueron devueltas al proveedor por no cumplir con las especificaciones técnicas emitidas por el Ministerio de Salud (Minsa). A ello, se agrega que la empresa ganadora no tiene la experiencia para proveer mascarilla a entidades del Estado.
Esta versión fue confirmada por el vicegobernador, José Alemán Infante, quien dijo que la compra estuvo a cargo de los trabajadores del área de Logística, Presupuesto y Administración, bajo la aprobación del exdirector del nosocomio, José Antonio Torres Infante.
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Por esta razón, la Procuraduría de Anticorrupción denunció a los funcionarios que resulten responsables de otorgar la buena pro del servicio.
Falta camas UCI
En otras presuntas anomalías, la Defensoría del Pueblo de Tumbes detectó que solo se encuentran operativas cuatro camillas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital JAMO, pese a la cantidad de pacientes que alberga a diario el nosocomio.
Abel Chiroque Becerra, jefe de la oficina regional de la Defensoría, reveló que la falta de camillas en UCI expone la integridad de los pacientes con la Covid-19, que a diario necesitan de una respiración mecánica para sobrevivir.