
En la época de la pandemia por el nuevo coronavirus se registran una serie de incidentes que pone en tela de juicio la actuación de las instituciones de Salud, incluso de la Policía Nacional.
El caso se conoció hace dos días, cuando los familiares de la víctima de 22 años de edad que residía en el distrito de San Martín (Lima) pidieron al alcalde del distrito de Pomalca, Julio Lazo Pomares permita el entierro del cadáver en dicha jurisdicción.
Es por eso que el burgomaestre solicitó a los deudos el certificado de defunción en el que se leía que el joven falleció por neumonía. Aunque la familia ocultó una parte del documento en el que se especificó que era un posible caso de coronavirus.
Lazo Pomares señaló que conforme a la norma sanitaria, todo paciente sospechoso de COVID- 19 es considerado positivo y debió ser inhumado. Incluso señaló que el féretro fue velado en una vivienda de Pomalca en presencia de al menos 20 personas, las que se habrían expuesto al contagio.
El burgomaestre indicó que la fiscal Penal de Chiclayo, Escarlet Bances informó que inició investigación penal contra los deudos y la funeraria que prestó el servicio de traslado por el delito de exposición de persona al peligro.
“El Ministerio Público tiene que determinar responsabilidades. No es posible que la Policía Nacional no haya detectado este problema”, enfatizó.

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