La sobrepoblación de los penales es histórica, pero nunca se buscó una solución a largo plazo. Su estudio y preocupación siempre se circunscribió a un reducido grupo de personas, del ámbito penitenciario y académico.
Desde el mundo político, siempre se incrementaron las penas, redujeron beneficios penitenciarios y reclamaron que el rival político de turno vaya preso. Nadie pregunta, mira ni le importa dónde y en qué condiciones cumplirá el encierro.
La población penitenciaria crece cada año en tal número que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) calcula que para albergar a todos los reclusos se necesita construir dos penales cada año, del tamaño de Lurigancho y con capacidad para albergar a 3.500 reclusos, cada uno.
A este pasado se refirió el presidente Martín Vizcarra en su discurso diario, para criticar a funcionarios de gobiernos anteriores que le reclaman no poner atención a los penales.
El fallecido expresidente Alan García quiso atacar la sobrepoblación penitenciaria, pero su política de indulto fue manchada por la corrupción.
Los indultos beneficiaron a narcos que, al salir de prisión, volvieron a su actividad delictiva. Aunque en el juicio solo se probó un caso, la duda persiste hasta hoy y el principal testigo huyó a Brasil.
“¿Abrimos la cárcel para que salga un criminal, un violador, un feminicida? Me parece que no. ¿Que salga un corrupto que le ha robado al Estado, un violador de niños? El gobierno no lo va a permitir”, afirmó el presidente Martín Vizcarra.
Luego, añadió: “Venir a dar lecciones de comportamiento los que han tenido hasta hace poquito la responsabilidad y no hicieron nada, y sin ningún problema de crisis humanitaria, epidemia, ni estado de emergencia. Lo poco que hicieron es indultar a narcotraficantes y a personas que no debían y eso no va a ocurrir en este gobierno. No sean frescos. ¿Ya se olvidaron de los narcoindultos? Los que salen a criticar ahora son los mismos que se dedicaron a liberar a narcotraficantes”.
Anotó que el gobierno va a abrir las puertas, “pero para que salgan los que tienen que salir y si alguien nos quiere ayudar es el Poder Judicial porque hay 30 mil presos que no tienen sentencia”.
Pero ese es el antecedente que nos pone en el momento actual. Al igual que está sucediendo con el sistema hospitalario, el COVID-19 ha explotado la situación. Hoy se necesitan soluciones.
Los penales se han convertido en un mortal foco de contagio con más de 30 reos muertos y 500 infectados, que siguen viviendo con el resto de la población penitenciaria. La falta de atención médica ha creado inestabilidad en las cárceles y motines.
El Estado sin mirar las causas responde con más violencia. Otros 11 reclusos han muerto y varios quedaron heridos, en los penales El Milagro en Trujillo y Castro Castro en Lima. Eso no ha detenido los motivos. Ayer se levantaron los presos de Ancón 2, pues no hay quien recoja a los reos muertos por coronavirus.
La sobrepoblación en las cárceles, a diciembre del 2019, era del 138%. Un exceso de 55.411 internos del total de 95.548 reos. Los 68 centros penitenciarios del país solo tienen capacidad para 40.137 reclusos. Por eso, más allá de buscar culpables, es momento de atacar el hacinamiento, para reducir los contagios.
Abogados y académicos como César Azabache, José Ugaz, Diego García-Sayán o el exjefe del INPE José Luis Pérez Guadalupe coinciden en que hay que liberar a miles de internos, casi de inmediato, para reducir la población penitenciaria.
Azabache y Ugaz sostienen que necesitamos liberar a unos 15 mil a 20 mil reos para reducir la sobrepoblación en una proporción manejable. Azabache propone liberar un tercio de los que cumplen prisión preventiva, teniendo que solo la mitad son condenados.
El Ejecutivo quiere convencer a los jueces y fiscales de modificar la situación de los 34.879 presos sin sentencia, lo que supone ver caso por caso y eso va a demorar. Vizcarra y el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, señalan que los jueces y fiscales no actúan con rapidez.
Hace dos semanas, el gobierno consideró liberar a 2.777 reclusos por no cumplir el pago de pensión de alimentos a sus hijos, hasta el momento los jueces solo han liberado a unos 250 reos. Hace 10 días se propuso indultar a las presas gestantes, con hijos en el penal, sentenciados a penas menores de cuatro años y personal de riesgo, pero 10 días después no hay ningún preso libre por indulto.
Los presos extranjeros piden que se les mande a sus países a cumplir sus condenas, pero solo se han atendido cinco casos. El ministro de Justicia trabajó una norma para convertir las prisiones preventivas automáticamente en comparecencia, excluyendo a asesinos, violadores, secuestradores, corruptos y lavadores de dinero. Pero tras el mensaje del presidente no es seguro que eso vaya a prosperar.
Luego de las declaraciones de Vizcarra, Azabache consideró que todo era confuso. “No entiendo esta declaración. El ministro de Justicia ha recorrido todos los medios anunciando que entraban a resolver el problema del hacinamiento en base a la excarcelación de los detenidos sin condena. Ahora el presidente patea una mesa que costó mucho ensamblar sin ninguna explicación consistente distinta a invocaciones viscerales que calzan mejor en el más conservador y despreocupado de los discursos”
En los penales de Lurigancho y Ancón 2, los familiares piden atención médica para sus familiares presos. “Espero que atiendan a mi hijo por humanidad. Yo sé que él ha cometido un error y ahora está pagando con su salud. Por malas amistades, Julio robó un celular y fue condenado a cuatro años por el delito de robo agravado”, dice una mujer en las puertas del penal de Lurigancho.
“Ahora todo el pabellón B está con fiebre, están con dolor de huesos. Hay muertos y los dejan tirados. Mi hermano está preso por violación. La menor que supuestamente fue violada me dijo que fue manipulada por un familiar, que ella se presentó a declarar la verdad, pero no la escucharon”, dice otra mujer en el penal Castro Castro.
Mujer en el penal de Ancón 2: “Eso no es verdad, a los presos contagiados no los aíslan, queremos que saquen a los muertos. El ministro dice que no murió por coronavirus, pero cómo sabe, si el muerto sigue en el pabellón, nadie lo ha retirado”.
Preso del penal de Ancón 2: “Cometí un delito, lo reconozco. Me condenaron a 14 años por narcotráfico, ya llevo 12 años preso, me faltan dos años. He pedido que me envíen a Colombia a cumplir mi condena, o que me den libertad y me deporten”.
11 reos muertos durante los motines.
30 reos muertos por coronavirus.
500 contagiados.
165 niños viven en penales.
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