Vigilancia. Sobre las municipalidades distritales y provinciales del país pesa la gran responsabilidad de destinar productos de primera necesidad a las familias más pobres del territorio nacional. La Contraloría General de la República se encargará de verificar que dicha entrega se realice de manera transparente y oportuna.
Este lunes, dicho ente contralor inició con el Megaoperativo de Emergencia Sanitaria 2020. En la región Cusco, la operación comenzó con la participación de más de 20 auditores de la Gerencia Regional de Control.
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Como primer paso, iniciaron la vigilancia en las municipalidades provinciales de Cusco, Anta y Urubamba. De la misma manera, supervisaron el trabajo en las comunas distritales de Wanchaq, San Sebastián, San Jerónimo, Saylla y Poroy.
Los supervisores se encargaron de vigilar que las autoridades adquieran los productos de las “canastas familiares” en el marco de la ley. Asimismo, acompañaron el proceso de almacenamiento y distribución de los alimentos hacia las familias en condición de vulnerabilidad.
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La Contraloría informó que el Gobierno ha dado un presupuesto superior a los 213 millones de soles que se distribuyeron entre las más de 1800 municipalidades del Perú. De acuerdo al número de pobladores por jurisdicción es que se han asignado un monto que va desde los 50 mil soles hasta un millón.
Con el propósito de asegurar un buen uso de los recursos públicos, la Contraloría también ha dispuesto de manera obligatoria que los gobiernos locales ingresen a la “Plataforma para la Transparencia de la Gestión Pública en la Emergencia Sanitaria COVID-19” y consignen toda la información referente a la adquisición, almacenamiento y distribución de las canastas.