El 19 de febrero del 2019, a las 12:30 p. m., el fenecido ministro de Defensa José Huerta Torres dio la orden de inicio a la primera fase de operación de intervención, que tuvo una duración de 14 días, contra la minería legal en Madre de Dios. La operación desarrollada por el Ministerio del Ambiente reunió a 1272 policías, 300 militares de las Fuerzas Armadas, 70 representantes del Ministerio Público y peritos de Criminalística y de la Unidad de Explosivos.
Aquel día, el Estado declaró en emergencia por 60 días a los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, Madre de Dios, porque en esos lugares se concentraban la mayor ilegalidad y destrucción ambiental.
Ese día, también, el país conoció las primeras imágenes de la destrucción masiva causada por la minería ilegal en la región. Un suelo muerto, un desierto de mercurio y dragas que avanzaba violentamente carcomiendo una parte de la Amazonía: esa era la Pampa, área tomada por los ilegales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.
Hoy, a un año de la llamada Operación Mercurio, la fiscal Karina Garay, titular de la Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental y encargada de liderar estas operaciones, explicó a La República que “todavía hay algunos focos que se resisten a salir. Los mineros son muy hábiles, saben que para la Policía es difícil ingresar, están en lugares de difícil acceso, ocultos en el bosque”; sin embargo, "vamos a seguir luchando hasta ver La Pampa nuevamente verde, ese es mi sueño
Asimismo, para este 2020, se ha propuesto la recuperación total de La Pampa con trabajos de reforestación y proyectos de educación y salud. “Es plan es recuperar el área devastada de manera sostenible mediante un trabajo multisectorial”.