
Arequipa. Hasta antes de diciembre de 2015, el Centro de Apoyo Nutricional, conocido como comedor popular Edmundo Escomel, funcionó en la calle Don Bosco del Cercado. Atendía a población de escasos recursos. Después de esta fecha, el local cerró porque la Beneficencia Pública reclamó el local que es de su propiedad.
Por ello, el representante de este comedor, Javier Velásquez Ramírez, entabló una demanda que llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC), ente que en febrero de 2019 aprobó la acción de amparo. Ordenó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), encargado de la administración del comedor, que restablezca el servicio en un plazo de 30 días. El establecimiento atendía hasta a 400 personas.
Velásquez explicó que, hasta el momento, el GRA no ha hecho caso a la orden. Incluso quejaron a la entidad regional ante un juez constitucional, quien le impuso una sanción del 10% de una UIT.
El demandante tomó conocimiento de que el presupuesto de 30 000 soles mensuales, que eran destinados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue redistribuido para el sector Salud. Además, el personal que trabajaba allí fue reubicado en otros establecimientos.
Para Velásquez, el gobierno regional incurrió en un delito al destinar al sector Salud dinero que era para el comedor.
Indicó que, en octubre del año pasado, buscaron audiencia con el gobernador Elmer Cáceres Llica, a fin de que atienda sus pedidos, pero no les hicieron caso.
Es por ello que Velásquez evalúa una nueva demanda contra la Región por desacato a la autoridad. Indicó que existen 48 comedores populares a nivel nacional.





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