“Dejé de trabajar para poder cuidar de mis dos nietos, me mudé de casa para tratar de superar la pérdida. Los chicos demandan tiempo y necesidades. Han pasado seis meses y el pequeño sigue preguntando cuándo vendrá su mamá y a mí se me van acabando las respuestas”, comenta entre sollozos Lilian Morales, madre de Erika Oblitas, joven víctima de feminicidio durante el 2019 en el Callao.
En Áncash, Betsabé Rondán también debió asumir el rol de madre al igual que Lilian, pero desde diciembre del año pasado. Esta joven cría a su sobrino de apenas dos meses de nacido luego de que Juan Pérez Sousa decidiera asesinar a la hermana de ella, Zaida Rondán.
En el humilde pueblo donde ahora viven tía y sobrino, en el distrito de Recuay, se realizan colectas públicas para ayudar al pequeño con leche y víveres, pues la familia materna del menor no tiene dinero suficiente para su manutención.
Lamentablemente, los casos de menores en orfandad no son pocos. Los 168 feminicidios registrados en el 2019 dejaron 208 menores de 18 años en condición de huérfanos, según la Defensoría del Pueblo y en el 2018 fueron 140.
Ante este escenario, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció la aprobación de un decreto de urgencia (DU) que autoriza una asistencia económica mensual en beneficio de las víctimas colaterales de la violencia machista. “No podíamos dejar en desprotección a estos menores. Por primera vez, el Estado otorgará una pensión para estas víctimas”, señaló la ministra Gloria Montenegro.
“Serán S/ 300 mensuales aproximadamente que serán entregados a la persona que tenga la patria potestad de los hijos e hijas que haya dejado la víctima hasta que cumplan la mayoría de edad”, explica, por su parte, Daniela Viteri, titular de la Dirección General contra la Violencia de Género.
Detalla que el beneficio se extiende también para aquellas personas con discapacidad que dependían económicamente de las víctimas y que por su condición no pueden trabajar.
Aplicará además para aquellos jóvenes que aun teniendo la mayoría de edad, se encuentren cursando estudios superiores, así el subsidio será entregado hasta el término de sus estudios.
“En el MIMP nos hemos fijado un plazo de un mes para emitir el reglamento de esta ley. El beneficio aplica desde que el Ministerio Público abre una carpeta de investigación ante cada caso. Hemos querido que el proceso sea práctico”, señala la funcionaria.
Los afectados por los feminicidios ocurridos en años anteriores también calificarán para acceder a la asistencia mensual. Una vez publicado el reglamento de la ley, podrán acercarse al MIMP y presentar una solicitud.
Para tomar esta decisión, el MIMP tuvo que recurrir a estudios sociales que respaldaban la necesidad de que se atienda económicamente a los deudos directos de las víctimas de feminicidios.
“Hemos recabado estudios e investigación específica que demuestran claramente que cuando un niño o niña atraviesa un periodo de violencia, rinde menos en la escuela y tiene mayor grado de depresión, estos síntomas se potencian cuando muere la madre. Además, cuando un menor pierde a su madre en el contexto de un feminicidio queda en orfandad fáctica, porque en la mayoría de casos también pierde al padre que va preso al ser el autor de la muerte. Todo este análisis justifica esta política”, sentencia la funcionaria del MIMP.
El colectivo ‘Familias unidas por justicia: ni una asesinada más’, que reúne a familiares deudos de los feminicidios, ha saludado esta iniciativa del Estado por considerarla de justicia.
“Es muy posible que haya opiniones discordantes con la medida, pues se puede llegar a creer que potenciales feminicidas cometerán sus crímenes sabiendo que el Estado se hará cargo de los hijos. El MIMP ha hecho todas las consultas técnicas y ha tomado esta decisión con base en evidencia comprobada. El móvil del feminicida es el ejercicio de poder sobre la víctima, mas no el interés económico”, explica Daniela Viteri.
Perú: mujeres asesinadas y huérfanos por feminicidio