La rápida liberación de Melissa Gonzáles Gagliuffi, conductora en el accidente de tránsito en la avenida Javier Prado que mató a dos personas, motivó todo tipo de comentarios por parte de los usuarios en las redes sociales.
Uno de los rumores aseguraba que había un trato diferenciado debido a que tenía una relación familiar con Ivo Gagliuffi Piercechi, el presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Sin embargo, esto ha sido descartado por el funcionario en su cuenta personal de Facebook.
Después de expresar sus condolencias por Cristian Buitrón y Josef Huashuayo, las víctimas mortales del accidente de tránsito en la avenida Javier Prado, el funcionario de Indecopi salió al paso para desmentir cualquier vínculo con Melissa Gonzáles Gagliuffi.
“No la conozco, nunca he hablado con ella y que, es más, recién he tomado conocimiento de ella a partir de la noticia de este lamentable accidente”, escribió en su cuenta personal. “Asimismo, niego tajantemente cualquier intervención de mi parte, directa o indirecta, para defender o gestionar la libertad de la señorita González”.
Otro post de Facebook comparaba la “evidencia del trato desigual” entre ella y Leonor Soledad Velásquez, la profesora que atropelló a seis niños y recibió prisión preventiva de 7 meses, como reportó la Corte Superior de Justicia. También asumía la relación de parentesco entre el funcionario de Indecopi y Melissa Gonzáles Gagliuffi, algo que él ya desmintió.
Ambas publicaciones ofrecían una razón —falsa— para responder por qué en otros accidentes de tránsito la Fiscalía pidió prisión preventiva y en este no.
¿Cuáles son los argumentos legales, entonces, para que el Ministerio Público decida presentar prisión preventiva contra un investigado? Abogados consultados por La República coincidieron en mencionar los “elementos de convicción”, el riesgo de fuga, la obstaculización a la Justicia y la pena presupuesta.
Según el abogado penalista Luis Lama, uno de los elementos de convicción en casos de accidentes de tránsito suele ser el peritaje policial, ya que es un “medio técnico” para fundar la acusación fiscal.
Para decir que existe “riesgo de fuga”, un fiscal se basa en la falta de arraigo. Esto es, que el acusado “no tenga familia, no tenga casa”, de acuerdo a la abogada Romina Chang. El no acudir a las citaciones y realizar gestiones para salir fuera del país son otros factores. Por el contrario, si tiene lazos familiares y laborales que lo vinculan al país, el Ministerio Público no puede argumentar en contra.
La obstaculización del proceso se vincula generalmente a una situación de poder. Como ejemplo, la penalista Romina Chang mencionó la compra o amenaza de testigos. El abogado Luis Lama refirió otro punto: el engaño. “Mentir a las autoridades puede considerarse obstaculización a la Justicia”, consideró el penalista.
En opinión de Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, los “jueces y fiscales hacen mal uso de su capacidad discrecional sin medir el criterio del daño causado”.
Añadió también que, de forma paralela al proceso penal, a un conductor que protagonice un accidente de tránsito con víctimas mortales le corresponde una sanción administrativa, la M37. Esto significa la cancelación e inhabilitación definitiva para obtener una licencia de tránsito.
Los tres especialistas citaron el artículo 111 del Código Penal, que se refiere al homicidio culposo (sin intención de matar) por “inobservancia de reglas técnicas de tránsito”, para recordar que la condena por este delito es de 4 a 8 años. La abogada Chang refirió que, para pedir la prisión preventiva, la pena debe ser superior a los 4 años.
El penalista Luis Lama explicó que no es obligatorio que se cumplan todos los elementos para solicitar la prisión preventiva. Es necesario, sin embargo, que estos sean fundados.
El jefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, Gabriel Ferrer, manifestó ante el Ministerio Público que Melisa Gonzáles Gagliuffi conducía a excesiva velocidad y que el informe fue entregado a la Segunda Fiscalía Penal de San Isidro. La defensa sostiene la versión de que la mujer perdió el control del vehículo debido a que un carro le cerró el paso.
Ante los cuestionamientos de la población, el fiscal superior titular Luis Alberto Germaná Matta pidió al fiscal provincial titular Mario Concepción Barrón Cerna que le emita un informe detallado sobre la liberación de la mujer.