El Toro: el cerro donde cada muerte queda en la impunidad
Durante este año se han registrado por lo menos trece fallecidos, según reporte oficial. Mineros ilegales tienen tomada esa zona de Huamachuco (La Libertad) por la ambición al oro. Laboran unas 4,000 personas. Ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público pueden intervenir por temor a las agresiones.
La Libertad. El cerro El Toro es tierra de nadie. Se trata de una zona prácticamente tomada por los mineros ilegales, hasta donde no puede llegar ni la Policía Nacional ni un fiscal. Es un área liberada.
Allí la muerte de una persona tranquilamente queda impune. Nadie dice nada. Allí la vida no vale nada. Hace unos años un equipo de periodistas de un canal de televisión nacional casi halla la muerte al ser apedreados por mineros, cuando se aprestaban a realizar un reportaje sobre la problemática de la minería ilegal. De milagro se salvaron.
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El Toro se ubica en el distrito de Huamachuco, provincia andina de Sánchez Carrión (La Libertad). Ahí la ambición por obtener el oro para venderlo no tiene límites.
La contaminación que produce esta actividad en tierras y agua también ha generado malestar y preocupación en la gente. A ello se suman las continuas explosiones que afectan a la ciudad.
De enero a octubre en El Toro se han registrado “oficialmente” trece muertos, según informó el consejero Greco Quiroz Díaz, presidente de la Comisión Ordinaria de Energía, Minas e Hidrocarburos del Consejo Regional. Hace unos meses atrás ocho perecieron tras un derrumbe en un socavón. El domingo murieron otros cuatro como consecuencia de un enfrentamiento en el caserío de Coigobamba entre ronderos y supuesto personal de seguridad de la minera Summa Gold Corporation SAC.
En esta zona hay concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), pero han sido invadidas por mineros ilegales.
“La Policía Nacional y el Ministerio Público de Huamachuco han señalado que no pueden hacer nada porque toda esa zona tiene vigilancia a cargo, en algunos casos, de grupos de ronderos. Fallece alguien en un socavón ilegal, sin protección y sin equipos, y eso queda en nada, porque el fiscal no puede ingresar, ya que no le permiten. Las muertes quedan impunes y el familiar convive con su dolor”, relató el legislador.
En ese sentido pidió a la Dirección General de Formalización Minera emitir resoluciones dando de baja a las concesiones tomadas por los mineros ilegales. Además, reiteró su solicitud de intervención de las Fuerzas Armadas y del Ejército para destruir la informalidad existente en el cerro.
“Puede haber más muertos. Los ronderos han amenazado con cobrar venganza y los mineros han señalado que se van a proteger. Hay millones de dólares en juego en oro ilegal que el minero, sin pagar impuestos y sin ninguna autorización, lo vende en el mercado negro”, advirtió.
De acuerdo a cálculos oficiales, en El Toro hay aproximadamente 400 mineros ilegales (dueños de socavones). Cada uno contrata entre 7 a 20 personas. El pago diario llega a los 20 soles. La jornada supera las 12 horas y muchos de los trabajadores son menores de edad que no tienen equipos de protección. “Estimamos que, en total, unas 4,000 personas laboran ahí”, acotó Quiroz Díaz.
Por su parte el gobernador Manuel Llempén Coronel explicó que en abril del presente año cursó oficios al MEM, Ministerio Público, Sunat y PNP, exhortando a que ejecuten la supervisión, fiscalización y evaluación del inicio de acciones de interdicción de las actividades de minería ilegal desarrolladas en el cerro El Toro.
Se defiende
Summa Gold Corporation SAC emitió un comunicado rechazando tener alguna relación con los lamentables sucesos producidos en la madrugada del domingo 6 de octubre del 2019 en el sector Coigobamba, de propiedad del señor Fernando Polo Espejo y donde predominan actividades de minería ilegal.
