Mafia trafica con 3.500 hectáreas de terrenos intangibles en Ucayali

Informe: Doris Aguirre | Enviada especial a Ucayali

El fiscal Wilmer Huamanyauri Cornelio es la autoridad que recibe más amenazas de muerte todos los días en la selva. Con pocos recursos y desde un despacho reducido, el titular de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, ha emprendido una guerra contra una organización de exfuncionarios públicos que ha traficado con 3 mil 500 hectáreas de terrenos en zonas intangibles. Por eso lo quieren muerto.

Desde que el 13 de diciembre del 2018 dispuso la detención de varios exfuncionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU), relacionados con la expedición de falsos títulos de propiedad, el fiscal Huamanyauri ha tenido incluso que enfrentar a otras autoridades que los traficantes de terrenos han movilizado para que desactive el caso. Pero no lo han conseguido, Huamanyauri sigue con la investigación que ha ingresado en una nueva etapa y se apresta a ejecutar nuevos operativos.

Por eso ahora la población y la prensa local han comenzado a llamar a Huamanyauri “el fiscal José Domingo Pérez de la selva”, y a la investigación que encabeza, “el caso Lava Jato selvático”.

Como parte de sus pesquisas, el fiscal Wilmer Huamanyauri ha conseguido la detención preventiva del expresidente de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) Isaac Huamán y de su brazo derecho, el exjefe de la División de Titulación y Formalización de Predios Christopher Hernández. Son 10 los exfuncionarios y técnicos involucrados.

Fantasmas favoritos

Tres testigos protegidos revelaron al fiscal Wilmer Huamanyauri que el exdirector de la DRAU Isaac Huamán adjudicó 128 predios a favor de agricultores fantasmas a los que expidió títulos de posesión de áreas ubicadas en bosques intangibles del distrito de Nueva Requena, en la provincia de Coronel Portillo (entre el período del 2015 al 2018).

El distrito de Nueva Requena, con una población de más de 10 mil habitantes, está conformado por comunidades nativas shipibo-conibo que se concentran en centros poblados menores como Nueva Esperanza, Unión Progreso, San Pablo de Juantia, Caserío Nuevo Edén, Santa Clara de Uchunya, entre otros.

Precisamente los predios, de acuerdo con los expedientes obtenidos por el fiscal, están ubicados en el sector de Cocha Anía, una zona inaccesible y de bosques de producción permanente (BPP), cuyas coordenadas corresponden a Nueva Esperanza: una comunidad con 300 habitantes dedicada al cultivo de maíz, cacao, plátanos y otros productos alternativos.

La República llegó hasta el poblado de Nueva Esperanza, ubicado a cuatro horas de la ciudad de Pucallpa. Cruzó el río Aguaytía y enrumbó en un motocar por una trocha hacia el sector de Cocha Anía, donde se pudo observar algunas zonas que fueron taladas y devastadas por el fuego con la finalidad de traficar las tierras.

El exjefe de la DRAU Isaac Huamán adjudicó con documentos falsos un área de 3.500 hectáreas a favor de 128 agricultores fantasmas, en una zona inaccesible e intangible, cuyas titulaciones fueron inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Ucayali.

Los testigos detallaron paso a paso cómo la organización criminal liderada por Isaac Huamán instruía y ordenaba a sus cómplices la elaboración de los falsos expedientes de titulación a nombre de testaferros, entre ellos familiares y amigos de los funcionarios de la DRAU.

Luego, las adjudicaciones eran elevadas a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos de Ucayali. Una vez legalizados, los nuevos “propietarios” vendían a precios siderales los terrenos a compañías que aparentemente eran parte del juego mafioso.

Testigos eficaces

De acuerdo con los colaboradores eficaces –ex empleados de la DRAU que trabajaban a las órdenes de Isaac Huamán–, procedían de la siguiente manera para apropiarse de los predios:

“La DRAU formaba una brigada compuesta por un jefe, dos técnicos y una abogada o abogado que salía al campo para verificar los terrenos que supuestamente se encontraban en posesión. Sin embargo, cuando llegábamos al lugar no encontrábamos a nadie, no había explotación del terreno, mucho menos había caminos que condujeran a las parcelas. Era puro monte. Pese a que informábamos que no había ningún posesionario, nuestro jefe (Huamán) nos obligaba a consignar el total del perímetro de la zona a la oficina de catastro. Ellos se encargaban de dividir el área en lotes y elaboraban los expedientes de titulación”, dijo uno de los testigos.

Otro colaborador precisó al fiscal que una vez elaborado el expediente de titulación a los supuestos agricultores, el exjefe de la DRAU ofrecía las tierras en venta a empresarios extranjeros.

“El ingeniero Isaac Huamán nos convocaba para informarnos que había un empresario extranjero que quería adquirir de cuatro a cinco mil hectáreas, pero ese dinero no entraba a la caja de la DRAU, sino a los bolsillos de Huamán y su gente. Cada hectárea se vendía a 3 mil soles”, relató el testigo protegido. Si se vendieron las 3 mil 500 hectáreas, la mafia podría haber obtenido hasta 10,5 millones de soles de beneficios.

De acuerdo con los testimonios de los testigos y la información documental que ha conseguido acopiar el fiscal Huamanyauri, Isaac Huamán Pérez actuaba en complicidad con el exjefe de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa) Jaime Montalván Torrejón y el exjefe de Catastro Richard Almeyda Panduro.

También son investigados como presuntos integrantes de la organización criminal los técnicos de la Disafilpa, Paco Rivera Gonzales, Christian Wong Acho, Hilda Reátegui Donayre y la abogada Vanessa Aching Arévalo, quienes conformaban las “brigadas” de la DRAU, que verificaban a los posesionarios de las tierras y emitían informes falsos en beneficio de propietarios fantasmas.

Ahora la pista conduce a grandes compañías.

Sospechosa conducta judicial que favorece a implicados

El fiscal Wilmer Huamanyauri solicitó la detención preliminar y allanamiento de otras ocho personas, entre ellas exfuncionarios de la DRAU.

Ellos son el exjefe de Catastro Richard Almeyda Panduro y los responsables de la Dirección de Saneamiento Físico Legal, Paco Rivera Gonzales, Christian Wong Acho, Hilda Reátegui Donayre y la abogada Vanessa Aching Arévalo, el exalcalde de Nueva Esperanza Juan Masifuen Ynuma, entre otros.

La medida fue presentada el martes 10 de setiembre de este año al Juzgado de Investigación Preparatoria de Ucayali.

Sin embargo, la solicitud no fue tramitada debido a que una de las implicadas, Vanessa Aching, labora en el Poder Judicial de Ucayali y los magistrados se inhibieron argumentando que era una conocida.

El presidente de la Corte de Ucayali, Robín Barreda Rojas, aseguró que la medida iba a resolverse en 24 horas, pero no pasó nada. La información se había filtrado.