Alcalde y funcionarios de MPCh podrían ser detenidos por caso mercado Modelo

Ysela Vega Huayambal

¿Quién respondería de registrarse una desgracia en el mercado Modelo tugurizado con más de seis mil comerciantes informales?

Desde el 2011, La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) no cumple la sentencia del Segundo Juzgado Civil. La fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Civil, Karla Patricia Rojas Alvítez, reveló que solicitó a la jueza Magali Soto Bardales hacer efectiva las medidas coercitivas que establece el artículo 53 del Código Procesal Civil, como es la detención por 24 horas del representante legal del ayuntamiento, que en este caso es el alcalde Marcos Gasco Arrobas, y de los funcionarios responsables del reordenamiento del centro de abasto.

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“Yo creo que sí debe cumplirse con el artículo 53 del Código Procesal Civil. Y es el alcalde el que responde por ser el representante legal de la comuna, pero también hay gerentes encargados del caso Modelo”, expresó.

En ese sentido afirmó que no se puede seguir reiterando al ayuntamiento la ejecución del fallo judicial, años tras años, con multas como son las Unidades de Referencia Procesal (URP), las que aseguró no son disuasivas y “que no llegarán nunca a ejecutar la sentencia”, remarcó.

Rojas Alvítez fue enfática al precisar que las medidas coercitivas son las multas y la detención de la persona que se resiste a respetar el mandato judicial. “En el último escrito yo le he planteado (en alusión a la jueza) no directamente, pero he dicho que tiene las facultades que contempla el artículo 53 del Código Procesal Civil y que haga uso de las mismas”, aseguró.

Es por eso que remarcó que la jueza requirió al titular del pliego que en el plazo de tres días informe quién es el funcionario responsable del ordenamiento del centro de abasto.

La magistrada recordó que en la administración del exalcalde Roberto Torres en dos oportunidades se logró recuperar el Modelo de los ambulantes, pero no fue sostenible, además de darse enfrentamientos entre informales y serenos ediles.

Análisis

“Creo que falta una voluntad firme del alcalde para hacer cumplir la sentencia, aunque habría más fuerza y presión para la autoridad municipal si el Juzgado remite copias a la Fiscalía, pero lastimosamente hasta ahora no ha prosperado”, enfatizó.

Indicó que el Juzgado en dos oportunidades cursó copias a la Fiscalía Penal, pero se archivó al considerar que no tiene relevancia penal, tal como sucedió con la Tercera Fiscalía Penal.

También mencionó que la Fiscalía Penal advirtió que hay un acatamiento parcial de la sentencia, pero no hay intención dolosa del alcalde. “Invoco a respetar el mandato judicial”, remarcó.