Fiscal acusa a presuntos usurpadores de la fortuna del heredero de la familia Moreyra Prado

La titular de la 13° Fiscalía Penal Provincial de Lima, Lina Loayza Alfaro, acusó al abogado Bruno Olcese Chepote y al contador Andrés Liza Medrano, por haber fraguado un acta de la junta general de accionistas de la empresa Playa Paz Soldán con la finalidad de apropiarse de casi la totalidad de las acciones en perjuicio de Aurelio Moreyra Camino.

Al fraguar el acta de la junta general de accionistas, Olcese y Liza redujeron el 99.9% de las acciones de Carlos Moreyra Prado a un 6%. Seguidamente, se convirtieron en nuevos accionistas Hernando y Alfonso López de Romaña Dalmau, así como a la empresa Fondo Popular, de propiedad de Óscar Berckemeyer Prado –primo del fallecido Moreyra Prado y tío del heredero agraviado Moreyra Camino-, representada por Aldo Fuertes Anaya y Gustavo Inouye Arévalo.

Por estos hechos, la fiscal Lina Loayza atribuye al abogado Olcese y al contador Liza el presunto delito de falsedad ideológica.

El caso se inició en 2015 cuando la defensa de Aurelio Moreyra, hijo y heredero universal de Carlos Moreyra Prado -fallecido en 27 de febrero del 2010-, denunció que las acciones de la empresa de su desaparecido padre habían sido transferidas a otras personas, aduciendo cautelar los intereses de Moreyra Prado, mediante la fabricación de una inexistente junta de accionistas, el 2 de octubre de 2009.

CONFESIÓN Y ACUSACIÓN

El 20 de junio de 2011, uno de los acusados, Andrés Liza Medrano, entregó una declaración jurada al Poder Judicial en la que reconocía que jamás se produjo ninguna junta de accionistas el 2 de octubre de 2009. Y acusó a Bruno Olcese de haber organizado el montaje con el propósito de arrebatarle las acciones al heredero Aurelio Moreyra.

En el referido documento, Liza también señaló que el acta fue elaborada por terceras personas con posterioridad, en marzo de 2010, y que todos los actos que se habían efectuado en torno a la referida junta habían sido fraguados.

Una vez que fueron transferidas ilegalmente las acciones de Aurelio Moreyra a los cómplices de Olcese, estos tomaron el control de la empresa Playa Paz Soldán, que es propietaria de la denominada Casa Prado, ubicada en la avenida 28 de Julio, en Miraflores. Este inmueble, valorizado en aproximadamente en 20 millones de dólares, ahora es destinado a la presentación de ferias de arte y diversos eventos sociales y comerciales, generando ganancias que el principal agraviado, Aurelio Moreyra Camino, hasta la fecha no ha percibido.

SE PRONUNCIA LA FISCAL

“Se advierte la comisión de hechos fraudulentos posteriores al fallecimiento de Carlos Moreyra Prado (27 de febrero de 2010), principal accionista de la empresa Playa Paz Soldán, cometidos por parte de los procesados con la evidente finalidad de despojar de los derechos accionariales al heredero (Aurelio Moreyra Camino) del fallecido, quien tenía el 99.90% de las acciones (...), para lo cual se elaboró el acta de junta general de accionistas, la misma que sintomáticamente contiene acuerdos que perjudican a Carlos Moreyra Prado, pues en la misma aparece firmada por los denunciados Bruno Olcese y Andrés Liza”, señala la fiscal Lina Loayza Alfaro.

Además, Olcese y Liza, como representantes de la empresa Plaza Paz Soldán, “con un acta de aumento de capital y modificación de estatutos, consignaron a la compañía Fondo Popular, representada por el denunciado Aldo Fuertes Anaya, Hernando y Alfonso López de Romaña Dalmau (...), logrando inscribir en enero de 2015 esos acuerdos con información falsa sorprendiendo al registrador público”, precisa la fiscal en su resolución.

Una de las razones por las que la fiscal acusa a Bruno Olcese es porque durante los interrogatorios no pudo explicar por qué las acciones del heredero Aurelio Moreyra Camino disminuyeron del 99% al 6%, pasando inexplicablemente luego a manos de los hermanos López de Romaña y la empresa Fondo Popular, de propiedad de Óscar Berckemeyer Prado, primo del fallecido Carlos Moreyra Prado.

FIJAN FECHA DE JUICIO

“Dichas versiones (de Olcese) tienen incoherencias, como no recordar quién fue la persona que le entregó el poder que habría suscrito María Prado Sosa -abuela del agraviado-, así como no recordar en qué lugar se llevó a cabo la junta general de accionistas del 2 de octubre de 2009”, detalla la fiscal Lina Loayza.

La acusación de la fiscal Loayza se produjo luego que en la Fiscalía encargada pasaran otras dos fiscales, Ana Cubas Lonja y Katherine Borrero Soto, quienes no llegaron a pronunciarse durante cuatro meses. Debido a las dilaciones del proceso a la fecha, ha prescrito uno de los delitos imputados a los acusados: fraude procesal.

Respecto al mismo caso, el 24 de octubre de 2018 la Segunda Sala Penal Liquidadora anuló una resolución del titular del 40° Juzgado Penal de Lima, Omar Ahomed Chávez, quien había declarado fundadas las excepciones de naturaleza de acción planteadas por la fiscal Zoila Tapia Medina y que beneficiaban a los acusados.

Por estos hechos, Ahomed y Tapia son investigados por presunto abuso de autoridad.

Ahora el caso se encuentra en el 13° Juzgado Penal de Lima que despacha la magistrada Soledad Santisteban Arana, quien programó para el 10 de julio que las partes ofrezcan sus informes orales correspondientes y así emitir sentencia.