Atrás quedaron los días en los que la defensa de Pedro Castillo fue asumida por rostros reconocibles. En su pasado como presidente de la República fue patrocinado por los mediáticos Benji Espinoza y Eduardo Pachas. Tras el golpe de Estado, el patrocinio legal del exmandatario se asemeja a una torre de naipes en su momento más crítico. Son ocho los abogados que lo han defendido durante el proceso que se le sigue por rebelión, este lunes 2 de enero se conoció el nombre del noveno letrado que se embarca en la defensa del vacado exjefe de Estado.
El abogado Sandro Balvin se presentó como nuevo defensor legal de Pedro Castillo Terrones, luego que el último defensor Wilfredo Robles perdiese los papeles —a fines de diciembre del 2022 — en un set de televisión tras ser cuestionado en vivo por cumplir 11 años de prisión por el delito de terrorismo. Tras este escándalo, tuvo que alejarse de la defensa del hoy detenido en el penal de Barbadillo del distrito de Ate.
El letrado se presentó este lunes 3 durante una entrevista en Exitosa, en la que anunció que su convocatoria por parte de Pedro Castillo para defenderlo forma parte de una reestructuración de la defensa técnica: “Nosotros estamos reestructurando la defensa técnica y, obviamente, la defensa técnica va a ser meramente constitucional. La tarea va a ser excarcelarlo de la prisión preventiva para que pueda ser investigado en libertad. Esa es básicamente la tarea”.
El primer abogado en su etapa como exmandatario fue el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien lo acompañó durante sus primeras horas como detenido en la sede de la Prefectura del Cercado de Lima. Este lo acompañó en todo el proceso legal y en el helicóptero cuando fue trasladado —durante la noche del miércoles 7— a la Diroes. Poco después pasó a la clandestinidad hasta que se definiera el pedido de prisión preventiva en su contra, el cual fue rechazado.
A la par que Aníbal Torres se sumaron a la defensa legal del expresidente los abogados Wilfredo Robles Rivera y Víctor Pérez Liendo. Este último llegó enviar una carta al mandatario de México, Andrés López Obrador, para solicitarle el otorgamiento del asilo político para su defendido “frente a la persecución infundada de órganos de justicia”.
Poco después, se conoció que Miguel Pérez Arroyo, exabogado de Alberto Fujimori ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), asumiría la defensa de Pedro Castillo. Lo acompañaba la letrada María Esther Adriano Guzmán. El vínculo sería algo breve debido a que este renunció a la defensa del expresidente tras denunciar que fue víctima de ataques directos por parte del círculo más cercano al exmandatario.
Ante el inminente pedido del Ministerio Público de prisión preventiva contra Pedro Castillo, los abogados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, ambos personajes cercanos al congresista Guillermo Bermejo, asumieron su defensa. Como una estrategia anunciaron que no participarían en la audiencia ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, por lo que el abogado de oficio Ítalo Díaz asumió la responsabilidad. El resultado fue 18 meses de prisión contra el exmandatario. Semanas después, ambos renunciaron.