Pedro Castillo se declara inocente ante la Fiscalía

Ataque y contraataque dentro de la legalidad. La necesidad de interrogar al presidente Pedro Castillo por los indicios de corrupción en su entorno familiar fue mal utilizada por el Ministerio Público. El interrogatorio no cumplió sus funciones, de acuerdo con fuentes independientes dentro de la Fiscalía.

Lo peor de todo, señalan, es que la diligencia nunca tuvo el objetivo de ayudar en la búsqueda de la verdad. La necesidad de interrogar al presidente fue utilizada para responder las criticas del Ejecutivo a la presunta falta de imparcialidad de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

En principio, el presidente Castillo fue citado a declarar en un solo día en tres investigaciones distintas, cuando cada una de ellas requiere su tiempo y espacio propio. Los interrogatorios trataron de los casos sobre:

1) Las denuncias del exministro del Interior Mariano González sobre una presunta interferencia del Gobierno en el trabajo del grupo policial que apoya al equipo especial de fiscales.

2) El presunto favorecimiento al empresario Samir Abudayeh en los contratos de abastecimiento de biodiésel a Petroperú.

3) Las denuncias sobre un presunto tráfico de influencias de los familiares del presidente a favor del empresario Hugo Espino.

La distorsión del proceso se hizo más evidente cuando, apenas concluyó la breve diligencia, de menos de dos horas, desde el despacho de la fiscal de la Nación se “filtró” que el presidente guardó silencio y no respondió las preguntas. A continuación, se informó que la fiscal de la Nación decidió incluir en la investigación por organización criminal al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al ministro de Justicia, Félix Chero.

El Ministerio Público solo informó del delito objeto de investigación. Sobre los hechos que habrían realizado Torres y Chero, que configurarían el mencionado delito, apenas se dice que se les investigará “en su condición de exministro de Justicia”. En un proceso penal son los hechos los que se investigan, no el nombre o el título del ilícito penal.

Aníbal Torres fue ministro de justicia entra el 30 de julio del 2021 y el 7 de febrero del 2022, época anterior a los hechos denunciados por el exministro del Interior. Marino González solo fue ministro de este gobierno por 15 días, entre el 4 de julio y el 19 de febrero del 2022.

La otra versión

El presidente Castillo y sus abogados, Benji Espinoza y Eduardo Pachas, también aprovecharon la ocasión con fines políticos. Señalaron que el mandatario da la cara y no tiene temor de acudir a la Fiscalía a declarar cuantas veces sea necesario. La Ley le permite al presidente elegir el lugar dónde va a declarar. Castillo no está utilizando está prerrogativa.

Lo que no dijeron es que aclararan las cosas en la forma y en el momento en que lo consideren necesario. Es el derecho que asiste a todo investigado, pero, otra vez, esto no es suficiente para esclarecer la verdad y, de haber un delito, encontrar a los responsables.

Lo que en realidad sucedió en el piso 9 del Ministerio Público es que el presidente se adelantó a las preguntas de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el fiscal adjunto Marco Huamán realizando una declaración de inocencia. Esa declaración consistió en un relato breve de los hechos, en los que niega las declaraciones de González y el supuesto favorecimiento a Abudayeh y Espino.

De acuerdo con nuestras fuentes, ese relato dejó sin preguntas a los fiscales. Del pliego interrogatorio previamente elaborado, solo se realizaron de dos a tres preguntas en cada caso; por eso, todo terminó tan rápido.

Además, las preguntas no estaban referidas a actos concretos realizados por el investigado. La defensa se opuso a esas preguntas. Señalaron que el presidente está dispuesto a aclarar, explicar yu declarar sobre eventos concretos en los que, de acuerdo con un testigo o algún documento, haya tenido participación.

La posición legal del presidente es correcta. Con esa postura se evita una posible autoincriminación o, luego, tener que explicar, lo que se explicó inicialmente. Juega a la defensiva. La fiscalía deberá tomar la ofensiva, pero para eso debe investigar con seriedad.

Las teorias, los supuestos, las opiniones, las inferencias no le sirven para preguntar. Para interrogar con éxito, deberá confrontar al investigado con hechos probados. Mientras no tenga esos hechos, todo es espectáculo y política.

Alerta ante amenazas de muerte

El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, informó que el presidente de la República viene recibiendo amenazas de muerte que los agentes de seguridad del Estado están tomando muy en serio. Por esto, dijo, a diferencia de otras ocasiones, el presidente Pedro Castillo ya no fue caminando a la Fiscalía, sino en un automóvil.

Las amenazas contra su vida se habrían incrementado tras el fallido atentado contra la vida de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner. “Las amenazas llegan a través de diferentes vías”, señaló Salas.

En paralelo, el juez Raúl Justiniano Romero suspendió la audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país para la primera dama de la Nación, Lilia Paredes y otros investigados en el caso Anguía. La audiencia se postergó ante una recusación presentada por el alcalde José Medina Guerrero contra el magistrado.