Lo que le imputa la Fiscalía al entorno del presidente
Indagaciones. 3 hechos investigados por la Fiscalía demuestran que hay una organización criminal enquistada en las más altas esferas del poder, en la que están involucrados familiares, amigos y ministros del presidente.
El último martes 9 de agosto, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, representado por el fiscal Hans Aguirre, y el Equipo Especial PNP, liderado por el coronel Harvey Colchado; detuvieron a Hugo y Anggi Espino y al alcalde de Anguía, José Medina, por considerarlos parte de una organización criminal en la que estaría involucrado el presidente Pedro Castillo y su esposa, Lilia Paredes.
Medina sería “amigo personal” del presidente Castillo, según lo dicho por el colaborador eficaz CE-02- D52FPCEDCF-2022. Declaró también que Medina se codeaba con ministros de Estado, como el extitular de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; el exministro del Interior, Juan Carrasco; el extitular de Defensa, Walter Ayala; y otros funcionarios públicos, como el exsecretario del despacho presidencial Bruno Pacheco, entre otros.
Lo que sustenta la Fiscalía
Uno de los hechos en los que la Fiscalía fundamenta el pedido de detención es lo ocurrido en Gorgor, distrito de Cajatambo, Lima. “Conforme al modus operandi de la organización criminal, se habrían realizado reuniones como parte de las coordinaciones del direccionamiento de la obra denominada Ejecución del proyecto recuperación de la estructura y equipamiento de la institución educativa n.º 20984-2 Santiago Antúnez de Mayolo, distrito de Gorgor-provincia de Cajatambo, departamento de Lima con CUI n.º 2452692 con costo de ejecución de S/ 3 ́876 061,73 soles”, dice el documento.
La Fiscalía comprobó que Hugo Espino, gerente general de JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC; Jose Medina, alcalde de Anguía; y Geiner Alvarado, entonces ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; frecuentaron Palacio de Gobierno previo a la adjudicación de dicha obra a un consorcio que integraba el mismo Espino.
De las cuatro empresas que participaron del consorcio, R-CIS Ingenieros SAC era la única que cumplía con la capacidad económica y experiencia solicitada, pero registra antecedentes por presentar documentos falsos en un proceso de selección, por lo que el Tribunal de Contrataciones del Estado le impuso una sanción temporal en 2016. Ni Ziur Construcciones SAC ni Ingeniería y Constructora Lino SAC ni JJM Espino y Constructores SAC tenían la experiencia necesaria para adjudicarse esta obra. Inclusive, esta última compañía solo registra a un trabajador y su representante no cuenta con título universitario.
El cronograma de selección también está viciado. La Contraloría halló que las fechas que figuran en las bases del concurso difieren de las publicadas en el SEACE.
Pero las fallas de este proceso adjudicación vienen desde el 2021. Según el Órgano de Control Institucional de Municipalidad de Cajatambo, el expediente técnico del proyecto fue aprobado dos meses antes de la segunda vuelta presidencial, cuando recién se conocía que entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori estaba el próximo presidente del país.
Dicho expediente fue “viabilizado con una celeridad inusual” luego de que el mandatario Castillo obtenga el cargo presidencial. El 17 agosto, el expediente de contratación estaba aprobado y, tan solo tres días después, el comité de selección ya realizaba la convocatoria al concurso para adjudicar la obra.
Esto a pesar de no tener planos, lo que generó que los proveedores concursantes no puedan hacer una evaluación integral de la propuesta. Además, contenía información incompleta e incongruente. Y la propuesta económica se efectuó fuera de plazo. La Fiscalía determinó que el consorcio integrado por la empresa de Espino ganó “en contubernio con los integrantes del comité de selección”. El concurso estaba dirigido a que JJM Espino ganase la licitación gracias a la “concertación entre los integrantes de la organización criminal”.
Durante la ejecución también se hallaron irregularidades: el proyecto no estuvo correctamente valorizada, el personal clave de la empresa ausente durante la edificación, no se cumplieron las especificaciones técnicas, no había un cuaderno de obra en las instalaciones de la misma y se omitió registrar los avances en el portal Infobras.
El Ministerio Público sustentó su pedido de detención preliminar en dos hechos más. Uno es la participación directa de Yenifer Paredes en un proyecto adjudicado irregularmente a la empresa de Hugo Espino, proceso en el que también participó la empresa de su hermana, Anggi Espino. El otro se refiere a la concertación de obras en el distrito de Anguía, Chota, Cajamarca.
Estos tres hechos diagraman el “modus operandi” de la organización criminal. Entre sus miembros hay un alto grado de confianza porque se visitan recurrentemente en la residencia de Palacio de Gobierno durante la emisión de la buena pro de diferentes licitaciones. Según una declaración recogida por la Fiscalía, la primera dama, Lilia Paredes, era la única que autorizaba el ingreso a este lugar.
Las investigaciones también demuestran que la banda criminal cuenta con una “estructura exprofesamente estructurada para favorecerse con contratos de licitación pública a cambio de dinero, es decir, buscan el lucro económico”.
