Pedro Castillo es el primer presidente, todavía en funciones, en ser investigado por el Ministerio Público. La tesis máxima de la Fiscalía es que el mandatario encabeza una presunta organización criminal enquistada en el aparato estatal, con operadores conocidos para obtener réditos indebidamente cobrados.
En total son cinco procesos abiertos contra la máxima autoridad del país y, al menos, 11 que implican a él y sus allegados. Con el fin de responder cuál sería la pena que asumiría el jefe de Estado por cada una y la suma del máximo, La República contactó a dos abogados penalistas.
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La tesis del Ministerio Público sitúa al presidente como líder de una presunta organización criminal arraigada en diferentes órganos del Estado, cometiendo abuso de poder para beneficiar a su círculo más próximo.
De acuerdo con el abogado penalista Andy Carrión, por esta falta corresponden 15 años de prisión, aunque, según las agravantes, se puede llegar hasta los 25 años: “Todo depende de los demás delitos. Cuando una falta se comete dentro de una organización criminal, la sanción es mayor. Por ejemplo, si cometes el delito de lavado de activos, tienes una pena de 18 años, pero si es dentro de una organización criminal, sube a 20 o 22 ”, mencionó a La República.
En entrevista con este medio, Mario Amoretti, también abogado especialista en derecho penal, concuerda que lo máximo que puede recibir el mandatario por este delito sería 15 años.
De acuerdo con la fiscalía, Karelim López se habría reunido con el presidente mediante el contacto del exsecretario Bruno Pacheco, para inducirlo al favorecimiento del Consorcio Puente Tarata III, valorizado en más de 300 millones de soles.
Los nombres, cercanos en algún momento al jefe de Estado, son investigados por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias.
En este caso, para Carrión corresponden de cuatro a seis años, mientras que para Amoretti son seis años.
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Dos excomandantes generales del Ejército y la Marina denunciaron supuestas presiones desde Palacio para favorecer a ciertos miembros en el proceso de ascenso. La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió investigación contra el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y el exfuncionario Bruno Pacheco, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.
“La sanción por estos delitos puede llegar a los seis años, aunque se pueden sumar al de liderar una presunta organización criminal. No obstante, lo máximo que se puede alcanzar por penas acumulativas son 25 años”, menciona el letrado Carrión.
En este contexto, Mario Amoretti cree que el juicio que se le debe realizar es por el delito de corrupción “porque está recibiendo plata para ascender a la gente y correspondería ocho años, pero si es patrocinio ilegal, corresponden cuatro años, y abuso de autoridad, dos años”, apuntó.
El 13 de julio, la nueva fiscal de la Nación reanudó la indagación preliminar contra la máxima autoridad nacional.
Se le acusa a la pareja presidencial del presunto plagio de su trabajo de maestría. Pese a la versión institucional, el fiscal provincial de Tacabamba, Juan Ramón Tantaleán, indaga a Castillo Terrones y Lilia Paredes por el presunto delito de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido.
“Este delito es el que tiene menor sanción, puede llegar a máximo cuatro años, aunque si resulta culpable de los tres, se puede alcanzar hasta los 12 u ocho, dependiendo del juez”, apunta Carrión.
Mario Amoretti cree que también se le deje juzgar por estafa: “A esos delitos yo le aumentaría el de estafa, porque está recibiendo una plata por haber presentado su tesis de magíster. Para mí estos delitos imputan seis años”
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El 19 de julio, el jefe de Estado anunció la renuncia del exministro del Interior Mariano González por un tuit. A las horas, quien presidió la cartera comentó, en diversos medios de comunicación, su convencimiento de que el mandatario planea encubrir a las personas allegadas y a los prófugos. El 22 de julio, Patricia Benavides ordenó abrir investigación contra Castillo Terrones por el presunto delito contra la administración de justicia-encubrimiento personal.
Para este caso, el penalista Andy Carrión señala que la sanción puede ir de tres a seis años, mientras que para Amoretti corresponderían cuatro años.
Ese mismo 22 de julio, se revirtió otra disposición de la exfiscal Ávalos que posponía el inicio de la investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de administración pública y tráfico de influencias. Sin embargo, Benavides la oficializó en el marco de las compras de biodiésel en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators SA.
“Esto puede llegar hasta los ocho años dependiendo de las agravantes”, indica Carrión, mientras que para Amoretti pueden llegar hasta los seis años.