Pedro Castillo: hasta 34 años de cárcel para exmandatario por intento de golpe de Estado
En manos de los jueces. Para el exasesor Aníbal Torres, los exministros y excolaboradores, penas de 15 hasta 25 años de cárcel por delitos de rebelión y contra la tranquilidad pública.
La ley es dura. Los fiscales piden lo máximo posible de lo que marca la ley penal, pero, al fin y al cabo, todo dependerá de lo que decidan los jueces al concluir el debate de las pruebas, los argumentos de defensa y el análisis jurídico de los hechos durante el juicio público.
Por lo pronto, el expresidente de la República Pedro Castillo Terrones se enfrenta a un pedido de 34 años de cárcel por delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, por el frustrado intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
La acusación fue presentada este viernes 12 de enero por el fiscal Daniel Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, que atiende el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria.
Congresista. Roberto Sánchez es congresista en actividad. Foto: difusión
La Fiscalía también pide penas altas, hasta 25 años de prisión, para los exministros Betssy Chávez Chino, Roberto Sánchez Palomino, Willy Huerta Olivas y los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, quienes habrían contribuido con las acciones del mandatario.
Igualmente, se pide 15 años de cárcel para el expremier y exasesor presidencial Aníbal Torres, al atribuírsele solo el delito de rebelión. Al expresidente Castillo y sus exministros y excolaboradores se les suman las penas máximas de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública.
Por este caso se encuentran cumpliendo prisión preventiva el expresidente Castillo y la expremier Betssy Chávez. Él en el penal especial de máxima seguridad del exfundo Barbadillo, al este de Lima. Ella está recluida en el penal anexo a la prisión de mujeres de Chorrillos.
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Procedimiento
Los otros acusados por el golpe de Estado enfrentan el proceso con comparecencia restringida. Los exministros niegan su participación en la planificación del golpe de Estado y alegan que se enteraron durante la emisión del mensaje presidencial.
Ahora, presentada la acusación fiscal, corresponderá al juez Checkley programar y desarrollar el control de la acusación previo al juicio público.
Con ese objetivo se desarrollarán una serie de audiencias, presenciales o virtuales, para evaluar la necesidad de las pruebas físicas, documentales y testimoniales que se discutirán en el juicio, en la siguiente etapa del proceso.
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Premier. La expresidenta del Consejo de Ministro Betsy Chávez es la principal coacusada. Foto: difusión
La Fiscalía considera que Castillo ejecutó el golpe de Estado con la plena participación y conocimiento de los exministros presentes en Palacio de Gobierno, antes y durante la emisión del mensaje a la nación.
Si bien los exministros lo niegan, la Fiscalía ha presentado una serie de testimonios y documentos que demostrarían que estaban al tanto de la intención de subvertir el orden constitucional, cerrar el Congreso y reorganizar el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Una de las pruebas principales son los mensajes de Whatsapp en el llamado ‘Gabinete Bicentenario’ de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. A las 10:46 de la mañana, ella escribió un mensaje en el que convocaba a los ministros a presentarse inmediatamente a la PCM.
“Hoy es un día histórico. Necesitamos estar cohesionados. Unidad”, escribió en un segundo momento. Luego, se propaló el mensaje, que no tuvo el respaldo de nadie.
El Congreso procedió a declarar la vacancia de Pedro Castillo y, entonces, el presidente intentó buscar asilarse en la embajada de México, pero fue detenido momentos después de salir de Palacio de Gobierno.
La historia
Este será el segundo golpe de Estado en la historia del Perú que llega a los tribunales de justicia. El primer quebrantamiento democrático, aunque fue exitoso, que fue investigado y llevado a juicio, es el autogolpe de Alberto Fujimori, del 5 de abril de 1992. Solo fue posible después de que dejó el poder y huyera a Japón, en medio de un escándalo de corrupción en todo el aparato del Estado.
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Interior. Willy Huerta era ministro del Interior. Foto: difusión
Sin embargo, Fujimori no pudo ser juzgado. Este caso no fue declarado procedente por la justicia de Chile, en su proceso de extradición. Sí fueron juzgados los ministros y jefes de las Fuerzas Armadas que apoyaron el autogolpe.
Para ellos, la Fiscalía también pidió la máxima pena permitida en la ley penal por delitos de rebelión y el secuestro de políticos y periodistas.
El 26 de noviembre del 2007, la Corte Suprema dictó el veredicto. El exministro del Interior Juan Briones recibió la pena de 10 años de cárcel, que debía cumplir el 2017, pero salió con libertad condicional el 2014, con beneficios penitenciarios.
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Briones fue el único que fue preso. Otros 17 colaboradores del régimen fueron investigados, pero solo se condenó a 10 exministros a penas de cuatro de años de prisión, que se suspendió por reglas de conducta.
Fueron condenados Jaime Yoshiyama, Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Joy Way, Oscar de la Puente, Jaime Sobero, Alfredo Ross, Víctor Paredes y Augusto Antonioli. Nadie pago la reparación civil.
La situación legal de los acusados por el golpe
El expresidente Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado, que vence en junio del 2024. Pero afronta otro proceso por presunto delito de corrupción con otros 36 meses.
La expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez ha intentado infructuosamente revocar la prisión preventiva por 18 meses que cumple desde junio del 2023, pero los jueces han mantenido esa medida ante la posibilidad de que intente fugar del país.
La Fiscalía también podría pedir prisión preventiva para los otros acusados, al inicio del juicio público.
