La Fiscalía de la Nación amplió por 60 días más la investigación preliminar contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por el presunto delito de concusión.
El congresista de Alianza para el Progreso (APP) es investigado por los “aportes voluntarios” de sus trabajadores para difundir su labor parlamentaria en las redes sociales.
La investigación parte de las conversaciones de WhatsApp de los asesores del titular de la Mesa Directiva, que salieron a la luz a través de la prensa.
En esos chats, su asesora Phenélope Contreras pidió dinero a sus colegas del despacho para promocionar al congresista de APP.
Contreras también se encuentra en calidad de investigada en este caso. Es señalada como presunta cómplice. Esta investigación preliminar se inició en agosto, pero hay diligencias pendientes e información que el Congreso aún no entrega a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Como por ejemplo, el reporte del estado en que se encuentra la denuncia que interpuso Soto contra cinco asesores parlamentarios: Sandra Beatriz, Phenélope Contreras, Julio César Castillo, Edgar Gamarra Masco y Melisa Huamán Pareja.
Los cuatro primeros continúan trabajando en la planilla de Soto. En el caso de Huamán Pareja, de acuerdo al portal de transparencia del Congreso, fue trasladada al Departamento de Comisiones.
Estos cinco asesores también habrían operado una maquinaria de troles para defender en redes sociales a Soto y atacar a sus detractores.
La Fiscalía de la Nación además solicitó la lista de todas las personas que trabajaron para Soto de julio del 2022 a julio del 2023, período en que el congresista se desempeñó como vocero de la bancada de APP. Con base en esa información, tomará las declaraciones de todos.
El 30 de noviembre rendirá su testimonio el periodista Carlos Ayma, quien, según Cuarto Poder, habría recibido un pago del despacho de Soto. Ayma conduce el programa de televisión ‘Jaque mate’, en Cusco.