Poder Judicial suspende juicio oral contra Alejandro Toledo hasta el viernes 20 de octubre

Hoy, martes 17 de octubre, inició el segundo día del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso de la Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3 ejecutados por la empresa brasileña Odebrecht durante su mandato. Sin embargo, en el desarrollo de la audiencia, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional suspendió la sesión hasta el viernes 20 de octubre para permitir al exmandatario y su defensa evaluar la posibilidad de llegar a una conclusión anticipada del juicio.

Esta suspensión también tiene el propósito de brindar al Ministerio Público más tiempo para revisar detenidamente el expediente. Se anunció que el viernes se presentarán nuevas pruebas en contra de Toledo.

Durante la primera audiencia, el lunes 16 de octubre, la Fiscalía ratificó el pedido de 20 años y seis meses para Alejandro Toledo por los delitos de colusión y lavado de activos. Además, piden nueve años de inhabilitación para trabajar en el sector público.

PUEDES VER: Alejandro Toledo respondió por sobornos de Odebrecht: Poder Judicial inició juicio oral

Asimismo, antes de instalarse formalmente el juicio, el fiscal José Domingo Pérez solicitó a los jueces a cargo que se transparente la debida motivación del impedimento de la prensa a las audiencias públicas contra el exmandatario. Sin embargo, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional declaró improcedente el pedido debido a que se vulneraba el principio de publicidad procesal.

¿Qué investigaciones contra Alejandro Toledo están en curso?

Se están llevando a cabo investigaciones y juicios contra Alejandro Toledo por varios delitos en Perú. Uno de ellos está relacionado con la adquisición de propiedades en Lima y otras transacciones financieras. En un principio, la pesquisa se centró en Eva Fernenbug, suegra de Toledo, pero se amplió para incluir al expresidente.

Otro caso en el que se le está investigando es por presuntas coimas en la licitación de la Carretera Interoceánica. La Fiscalía lo acusa de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión en este asunto, por lo que solicita 35 años de prisión para el político peruano.