CIDH: remoción de la Junta Nacional de Justicia dañará la independencia judicial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó ayer su preocupación por la investigación sumaria emprendida por el Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y advirtió que una eventual remoción de sus integrantes, sin respetarse el debido proceso, debilitará la independencia judicial del Perú.

La comisión reconoce que en nuestro país se puede ejercer control político —como le compete al Congreso sobre otras instituciones—. “Sin embargo, advierte que los controles políticos de la actividad de las personas operadoras de justicia basados en criterios de discrecionalidad o razones políticas, por su propia naturaleza, resultan contrarios a las garantías de independencia e imparcialidad”, advirtió en su comunicado.

La CIDH recalca que “todos los procedimientos que puedan conducir a la destitución de personas operadores de justicia deben guiarse por el principio de legalidad y el debido proceso”.

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“Ello exige que las conductas sancionables estén preestablecidas en términos estrictos y unívocos, de forma que acoten claramente los hechos punibles y fijen sus elementos”, recordó la CIDH.

Y esas condiciones no existen en el Congreso. Los miembros de la JNJ están expuestos a que los parlamentarios interpreten lo que es falta grave y los destituyan del cargo con 87 votos en el hemiciclo.

En 2018, el Pleno removió a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con ese criterio, pero en un contexto diferente. Había audios que vinculaban a estos colegiados con la red de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

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La JNJ fue creada ese año en reemplazo del CNM, pero jamás los congresistas estipularon causales de remoción.

 La CIDH, por eso, enfatiza en la necesidad de que las conductas que ameriten la expulsión deben estar definidas. Es crucial, según la comisión, para que la investigación a la junta tenga un debido proceso.

“La eventual remoción del Pleno de la JNJ, sin el respeto a las garantías del debido proceso y el principio de igualdad, afectaría sustancialmente las actividades de esta institución y contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú”, concluyó la comisión.

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Continúan la cacería

Sin embargo, estas observaciones no detendrán al Congreso. A la Comisión de Justicia —a cargo de la investigación sumaria— le quedan 14 días para investigar a la Junta Nacional de Justicia.

La semana pasada se desmoronó una de las acusaciones. El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, desmintió haber recibido presiones de los consejeros para que la Corte Suprema se pronuncie en contra de la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos.

A pesar de que esa versión se desmoronó, el legislador de Renovación Popular Alejandro Muñante sugirió a la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, solicitar atribuciones de comisión investigadora y que se les levante el secreto de las comunicaciones a los magistrados.

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Asimismo, el fujicerronismo y sus aliados insisten en que fue una falta grave de la JNJ haber invocado al Parlamento a reflexionar sobre la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ávalos, y haber mantenido en el cargo a la magistrada Inés Tello, quien supera los 75 años.

En ese caso, además de la indagación de la Comisión de Justicia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales avanza con una denuncia constitucional contra la JNJ por la permanencia de Tello. Buscan inhabilitarla de la función pública.

Gobierno de Boluarte refuta a la CIDH

La Representación Permanente del Perú ante la OEA le recordó a la CIDH que el Estado peruano actúa conforme a sus obligaciones internacionales y con todos los poderes de este país deben actuar en el marco del debido proceso.

La congresista de Avanza País Patricia Chirinos le solicitó a la canciller Ana Gervasi que el Estado peruano se pronuncie contra la CIDH en defensa de su soberanía. Chirinos, recordemos, es la autora de la moción que propuso investigar a los miembros de la JNJ.