El Tribunal Constitucional altera el equilibrio de poderes con sus decisiones
Estructura anómala. La reciente sentencia del Tribunal que señala que solo el Congreso puede interpretar la cuestión de confianza vuelve a evidenciar que el sistema político peruano está sufriendo una inopinada transformación a favor del Parlamento.
La sentencia del Tribunal Constitucional en la que establece que solamente el Congreso puede interpretar los alcances del rechazo, rehusamiento o negación de la cuestión de confianza es un paso más hacia el desequilibro de poderes. Así lo han advertido especialistas consultados por La República.
“Era una decisión bastante previsible”, comentó el abogado y docente de derecho constitucional Pedro Grández.
Frente al fallo conocido el lunes, Grández escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “El TC ha roto el equilibrio de poderes al entregar la cuestión de confianza al Congreso”.
En conversación con este diario amplió su argumento. Indicó que, al parecer, se pretende “revisar la decisión del propio TC” que había zanjado la discusión sobre la cuestión de confianza, estableciendo que es una prerrogativa amplia que en la Constitución no tiene limitaciones. Se refiere a la sentencia 0006-2019 sobre la disolución del Congreso en el 2019 en el Gobierno de Martín Vizcarra. Para Grández, desde lo político, “la posible intención parece ser habilitar denuncias contra Vizcarra y los exministros de entonces”. Por cierto, hay un sector político que ha empezado a reclamar aquello.
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Desde lo jurídico, Grández ve una “transformación del régimen político” que, en su versión original, hace que la confianza se equilibre con la censura a los ministros. “Pero si la confianza ya no es una prerrogativa amplia del Ejecutivo y queda a merced de las calificaciones de admisión de la Mesa Directiva —que no están contempladas en la Constitución—, ese equilibrio se rompe”, señaló.
En su nueva sentencia, el TC establece que el Congreso es la entidad competente para determinar cuándo se ha producido un rechazo, rehusamiento o negación de la confianza. En consecuencia, “el Poder Ejecutivo no puede interpretar la decisión del Congreso y asignar un significado diferente a la decisión que este ha adoptado”.
“Es un mal mensaje para la futura relación Ejecutivo-Congreso porque rompe el equilibrio de poderes”, sostuvo la expresidenta del TC Marianella Ledesma. Ella fue una de las firmantes de la sentencia del año 2019. En su opinión, a partir de lo decidido por esta nueva conformación del Tribunal, el Ejecutivo “tiene atadas las manos” para ejercer con efectividad la confianza.
“Los magistrados de este TC vuelven a concentrar en manos del Congreso un poder que desnaturaliza la esencia del Estado constitucional: el equilibrio de poderes. Dichos magistrados demuestran que son la voz de quienes los han puesto en sus cargos”, sostuvo.
Un análisis similar tuvo la exministra de Justicia Ana Neyra, quien manifestó que al darle la potestad al Congreso de interpretar si la confianza ha sido negada o no, “en la práctica” se deja “casi sin contenido” la posibilidad de tener las dos denegatorias para la disolución constitucional del Legislativo.
Beneficiado. El Congreso sí mantiene sus prerrogativas. Foto: difusión
Puso un ejemplo: si el Ejecutivo hiciera confianza sobre un proyecto de ley y este fuese archivado, lo más probable es que el Parlamento interprete que la confianza no ha sido rechazada. “Parece ser una muestra más de que el TC legitima al Congreso a ejercer sus funciones sin control y sin parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. Una muestra más de un desequilibrio entre el balance que debería existir en nuestro sistema de gobierno”, declaró.
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Por su parte, el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, advirtió sobre las consecuencias para el sistema político peruano a raíz de las decisiones del TC.
“Esto ha alterado el balance anterior que permitía a un Ejecutivo, sin respaldo parlamentario, poder tener algún contrapeso que le permitiera avanzar en sus decisiones. Lo que está ocurriendo es que el régimen político peruano es cada vez menos presidencialista, pero sin ser tampoco un régimen como el semipresidencial francés ni menos un régimen parlamentario. Es una estructura anómala, formada más por respuestas de los poderes de turno a situaciones coyunturales”, advirtió.
“Se debe evitar el uso abusivo del poder”
Iván Lanegra, de Transparencia, dijo que existe la necesidad de discutir “seriamente qué régimen político queremos como país” y cómo garantizar que se rija por “instituciones bien pensadas que eviten el uso abusivo del poder, sea del Ejecutivo, del Parlamento o de cualquier otra entidad estatal”.
El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, se pronunció sobre la permanencia de Dina Boluarte durante una entrevista en Radio Nacional. Aseguró que los magistrados del TC son “respetuosos de la Constitución”. Explicó que la presidenta y los congresistas tienen un mandato constitucional vigente hasta el 2026”.
La clave
Consecuencias. Para Iván Lanegra, de Transparencia, en lugar de generarse condiciones para el buen gobierno, se está plantando “la semilla de un nuevo conflicto en el futuro, cuando las posiciones de poder cambien y se hagan evidentes los defectos del sistema”.