La realidad de las fiscalías de Derechos Humanos confirma su reducción

El Ministerio Público acusó a La República de faltar a la verdad en una nota publicada por este redactor, el 13 de enero último, con el título de ‘Desmantelan las fiscalías de derechos humanos a nivel nacional’.

En tres mensajes compartidos en la red social Twitter, la Fiscalía sostiene que, por el contrario, las fiscalías de DD. HH. se han fortalecido y se han creado tres nuevas fiscalías en Ucayali, La Libertad y Madre de Dios.

“Es falso que se hayan desmantelado los despachos fiscales, ya que es la primera vez que el Ministerio Público tendrá un subsistema fiscal especializado en derechos humanos e interculturalidad, independiente a otros subsistemas fiscales (corrupción y crimen organizado), subrayó la Fiscalía.

Los hechos

Las fuentes de la información publicada el 13 de enero son un video institucional del 22 de noviembre del 2022 por el 18° aniversario de las Fiscalías Especializadas en DD. HH., Interculturalidad y Terrorismo; el discurso del 4 de enero del 2023 de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; y una serie de resoluciones de la Fiscalía de la Nación publicadas el 13 de enero en el diario oficial El Peruano.

En principio, es falso que recién se tendrá un subsistema especializado en DD. HH. independiente de corrupción y crimen organizado. El 22 de noviembre del 2022, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, participó en la ceremonia por el 18° aniversario del Subsistema Especial de DDHH, Interculturalidad y Terrorismo.

Este subsistema existe desde noviembre del 2004. Estaba integrado por un total de 12 fiscalías: dos superiores y 10 fiscalías supraprovinciales, en Lima (3), Ayacucho (2), Pichari-Cusco (1), Huánuco (1), Apurímac (1), Junín (1) y Huancavelica (1).

La división

El 90% de sus casos eran graves violaciones a los DD. HH. y el 10% casos de terrorismo de los años 90. Lo que ha hecho la fiscal Patricia Benavides es dividir este subsistema.

La división resultó favorable a las renovadas fiscalías de terrorismo y desmantela las fiscalías de DD. HH., como informamos el 13 de enero.

A partir de ese día, existen solo una fiscalía superior y nueve fiscalías supraprovinciales especializadas en DD. HH. e interculturalidad. De estas, seis fiscalías supraprovinciales reciben el 90% de la carga ya existente, se les adiciona nuevas jurisdicciones, su personal se reduce al 50% y ahora tienen los casos de los 45 muertos en las protestas por disparos de arma de fuego.

En tanto, la fiscal de la Nación crea, con el 50% del personal, el nuevo sistema de fiscalías de terrorismo, con una fiscalía superior y seis fiscalías supraprovinciales, que reciben el 10% de casos de terrorismo, constituidos por casos de requisitoriados, los remanentes senderistas en el Vraem y los casos Perseo (2012) y Olimpo (2020).

Esta simple división de los despachos fiscales ya muestra el panorama que describimos en la nota del 13 de enero. Toda la lucha por los derechos humanos en el Perú se reduce al mínimo en el Ministerio Público.

Menos fiscales, más crímenes de derechos humanos

La Fiscalía de la Nación reduce las fiscalías que veían los casos de derechos humanos, para atender las nuevas denuncias que la Policía está presentado por terrorismo contra los líderes sociales y estudiantes que participan en las marchas contra el Gobierno de Dina Boluarte.

El fiscal de DD. HH. de Junín, Oliver Felices, que investigaba y veía la exhumación de los restos de 10 comuneros de Paccha, El Tambo, víctimas de ejecución extrajudicial en 1992, fue trasladado a una fiscalía de terrorismo.

Las fiscalías peruanas de DD. HH. tienen fama internacional. Una de sus fiscales, la doctora Luz del Carmen Ibáñez, es jueza de la Corte Penal Internacional para graves crímenes contra los DD. HH.