Toda investigación, como la iniciada a la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, es progresiva y variable, a partir de una sospecha inicial o simple de la existencia de un acto ilícito y va escalando hasta tener certeza de la comisión del delito y quiénes son los responsables, explicaron fuentes del despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En este sentido, señalaron que aún no existe claridad y certeza sobre los delitos que habría cometido la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y los exministros Pedro Angulo, en su condición de expremier; y César Cervantes, exministro del Interior.
En este primer momento, la fiscal de la Nación calificó los hechos, las muertes de civiles durante las protestas, como genocidio y homicidio calificado porque así lo señalan las denuncias presentadas por los abogados Ronald Atiquipa Quispe, Hercilia Tomaylla Maucaulley y Abimael Méndez.
Las fuentes anotaron que esto no genera una afectación al derecho de defensa ni perjudica la legalidad de las actuaciones de la Fiscalía, pues la jurisprudencia y la normatividad legal dictada por la Corte Suprema de Justicia reconocen que la calificación jurídica de los hechos puede variar conforme avancen las investigaciones.
Así, el 6 de enero, la fiscal de la Nación inició diligencias indagatorias y, el 10 de enero, dispuso el comienzo de la investigación preliminar por delitos de genocidio y homicidio calificado.
La investigación preliminar durará 20 días y tiene como objetivo establecer si las muertes de civiles que participaban en las protestas constituyen delito, de qué tipo, ver si es posible individualizar al o los autores, si la acción penal no ha prescrito y preservar las pruebas.
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En una sentencia casatoria, la Corte Suprema definió que en esta etapa prejudicial solo se necesita una sospecha inicial o simple y al fiscal solo se le solicita un cierto nivel de delimitación del delito, a partir de la experiencia criminalística. Dada la progresividad de la investigación, esta atraviesa varias fases y, en cada una, las exigencias son mayores. El grado de certeza o convicción se requiere para la sentencia.
Un equipo de fiscales del despacho de la fiscal de la Nación, encabezado por el fiscal Marco Huamán, recabó el miércoles, 11 de enero, diversa información en las oficinas del Consejo de Ministros y los ministerios de Defensa e Interior sobre las acciones desplegadas en el marco del estado de emergencia y las protestas ciudadanas por el adelanto de elecciones y la asamblea constituyente.