El relator de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados, Diego García Sayán, y los presidentes de las 35 cortes superiores de justicia del país pidieron a la Junta Nacional de Justicia que actúe con ponderación y respetando el derecho, en los procesos de ratificación de magistrados.
García Sayán expresó su preocupación de que en un contexto de alta polarización política y judicialización de la política hayan surgido cuestionamientos y denuncias contra la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, César San Martín Castro.
La Junta Nacional de Justicia debe evaluar estos casos dentro del contexto actual y respetando los principios de estabilidad e inamovilidad que se debe garantizar a los jueces, en el ejercicio de su labor, como garantía de su independencia.
Recordó que las garantías de que gozan los jueces no supone que tengan impunidad, sino que los procesos disciplinarios deben respetar sus derechos y que los hechos que se les atribuye deben estar debidamente sustentados.
Por eso llama la atención que se pida la destitución de la presidenta del PJ en un tema que Barrios ha aclarado y donde existe una sentencia del Tribunal Constitucional que ya a limitado los alcances de la Ley 30225.
El Tribunal Constitucional ha establecido que la aplicación de esa norma debe circunscribirse al ámbito de influencia del funcionario, en este sentido los familiares de Elvia Barrios están impedidos de trabajar en el Poder Judicial, pero no en el Jurado Nacional de Elecciones.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta, dijo, es que en 200 años, es la primera vez que una mujer asume la presidencia del Poder Judicial. Las Naciones Unidas están promoviendo un mayor acceso de las mujeres a altas cortes judiciales.
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García Sayán también llamó la atención que coincidentemente un fiscal superior promueva una queja contra San Martín, que tiene como fondo el desenlace de un proceso judicial en que tiene interés la fiscalía.
Anotó que es importante que los cuestionamientos procesales se mantengan dentro del proceso y no por fuera, además, con un fiscal superior y no con un fiscal supremo, que es el que corresponde.
El relator de las ONU para la independencia de los magistrados enfatizó que es de esperar que la Junta Nacional de Justicia, integrada por profesionales muy respetados, reflexione y actúe con ponderación y aplicando el derecho correctamente.
También es importante, dijo, que la Junta Nacional de Justicia tenga un pronunciamiento sobre la decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de remover a la fiscal suprema que investigaba a su hermana.
Hace tres meses, el presidente de la Junta, Henry Ávila dijo que estaban evaluando si esa decisión colisionaba con la promesa que hizo Benavides, al ser nombrada de no inmiscuirse en el caso de su hermana. Pero hasta hoy no se sabe en qué quedó ese análisis.
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En tanto, a través de un comunicado, los presidentes de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país exigieron el pleno respeto al debido proceso e interdicción de la arbitrariedad, en los procedimientos sancionadores iniciados a los jueces de todos los niveles ante la Junta Nacional de Justicia.
Por lo cual, pidieron a la JNJ aplicar la sentencia del caso Cuya Lavy, en la cual la Corte IDH estableció una serie de recomendaciones que el Perú adecúe su legislación y garantice los derechos de los jueces.
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La Junta Nacional de Justicia decidió suspender los procesos de ratificación de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, el juez supremo Javier Arévalo Vela y el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez.
Por la tarde, el pleno de la Junta decidió establecer como criterio de trabajo suspender un proceso de ratificación cuando en paralelo se desarrolle un proceso disciplinario contra el mismo magistrado, y este se encuentre en la fase final, con pedido de destitución. La idea, dice la Junta, es evitar que se produzcan decisiones contradictorias.
El proceso de ratificación se reanudará, si el pedido es rechazado.
La JNJ definió como criterio suspender una ratificación, mientras se tramite un proceso disciplinario.
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