Pedido de destitución de Elvia Barrios viola derechos y contradice al Tribunal Constitucional

De manera sorpresiva y con argumentos impropios de un ente de control judicial, el consejero instructor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Guillermo Thornberry Villarán, propone la destitución de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, el juez supremo Javier Arévalo Vela y el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, al amparo de una norma que el Tribunal Constitucional considera que afecta derechos constitucionales, como la presunción de inocencia, igualdad de trato y principio de licitud.

Sin más prueba que la existencia del artículo 11 de la ley 30225 y la relación de parentesco que ninguno de los involucrados niega, Thornberry plantea destituir a Barrios, Arévalo y Sánchez porque el año 2015, hace siete años, su exesposo, un hermano y un hijo, respectivamente, laboraron en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Es verdad que la ley 30225, que viene del gobierno de Alan García, prohíbe a los familiares de un alto funcionario público contratar con el Estado, pero en noviembre del 2020 el Tribunal Constitucional expidió una sentencia en la que señala que al ser una norma que afecta derechos humanos básicos, no se debe aplicar en automático, sino con la razón y exhibiendo otras pruebas que rompan la presunción de inocencia.

Entonces, en un intento de burlar lo que el TC dice, Thornberry acusa a Elvia Barrios de faltar a la ética ya no por incumplir la citada norma, sino por no denunciar a su esposo por infringir la ley 30225. Una conclusión que colisiona con otros principios constitucionales y de los derechos humanos. Un estado que protege la familia, no puede obligar a la esposa a denunciar al esposo, ni al padre a denunciar al hijo. Además, sobre hechos en los que no media violencia contra un tercero. Eso sería promover una familia parapolicial.

Además, olvida un detalle. Los contratos laborales de los familiares de los jueces y fiscales ya fueron investigados por el Ministerio Público, que no encontró nada ilícito, más allá de la relación familiar.

Es más, el tema ya prescribió administrativamente. La Junta Nacional de Justicia tenía dos años para investigar y sancionar estos temas, desde que ocurrieron o desde que se conocieron, si consideraba que había una irregularidad. Pero interpretan la norma en busca de imponer una sanción indebida.

Pablo Sánchez

Familia. La denuncia pública de que familiares de jueces y fiscales supremos trabajaban en el JNE se realizó en agosto del año 2018, hace más de cuatro años. La JNJ ha tenido tiempo para reunir no solo el texto de una ley, y no lo ha hecho. Se resucita un caso con oscuros intereses.