La Décima Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Lima resolverá mañana lunes si el periodista de investigación Daniel Yovera es inocente del delito de difamación agravada que denunció el empresario Alberto Gómez de la Torre Pretell a raíz del reportaje The Sodalitium Scandal que realizó el querellado. También podría decidir reabrir el caso, el mismo que en enero del presente año fue declarado prescrito. Y es que tanto Gómez de la Torre Pretell como Yovera apelaron la decisión judicial, aunque con distintos objetivos.
Daniel Yovera precisa que presentó este recurso porque busca que la justicia le dé la razón y resuelva que él no cometió el delito de difamación.
“Me considero inocente del delito de difamación y lo que percibo, si tiene a bien considerarlo la Sala, es eso. Si los magistrados revisan bien el caso, se darán cuenta de que aquí no hay difamación. Espero que la Sala tenga una idea clara de los hechos y que se pronuncie de acuerdo a derecho y lo haga con justicia”, demandó.
El experimentado periodista de investigación Edmundo Cruz consideró que el Poder Judicial está ante un reto planteado por los grupos de poder que están tratando de convertir la figura de difamación en un arma para censurar y obstaculizar el trabajo fiscalizador de la prensa.
Dijo que eso se demuestra en la forma tan burda como se ha planteado el caso, ya que el reportaje cubre plenamente los estándares doctrinarios y técnicos del periodismo respecto al tratamiento de los hechos.
“Es un reportaje de 25 minutos que está suficientemente sustentado. Se fundamenta la hipótesis de que un empresario vinculado a una empresa fundada por el Sodalicio estableció relaciones económicas con una banda delincuencial dedicada al tráfico de tierras comunales en Piura. Fundamenta esta hipótesis con testimonios de ocho actores de esta ocupación de tierras y que la empresa las compró de los traficantes”, mencionó Cruz.
Además de los ocho testimonios, el trabajo de Daniel Yovera presenta documentos bancarios y pagos que la empresa hizo a los miembros de la banda. Así como una entrevista hecha por la policía en la sede fiscal donde el representante de la empresa reconoce que hizo el pago, pero por servicios de seguridad.
Otro hecho que ha llamado la atención es la descalificación por parte del querellante de los testigos que presentó Yovera, indicando que son delincuentes.
Pero las grandes investigaciones en el país y en la región están basadas en testimonios de gente que tiene antecedentes. Está el caso Lava Jato, entre los procesos nacionales más sonados. O el de Keiko Fujimori, basado en testimonio de gente que está comprometida y busca rebajar su pena.
En el proceso contra Yovera, el juzgado no sentenció diciendo que hay difamación, sino que después de dos años optó por declarar prescrito el caso, sin pronunciarse sobre el fondo de la materia.
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Lo que ahora reclama el periodista es que se le reconozca inocente, que no ha difamado. Por eso apeló la decisión del juez que declaró prescrito el caso. Considera que se trata de un método que se viene utilizando para frenar la investigación periodística.
La denuncia que tiene Daniel Yovera se suma a la de otros periodistas de investigación.
Paola Ugaz y Pedro Salinas también han sido víctimas de prolongadas campañas periodísticas y operativos judiciales por pesquisar denuncias de pedofilia, abusos físicos y psicológicos contra el Sodalicio de Vida Cristiana.
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Asimismo, está el proceso por difamación que entabló Miguel Arévalo Ramírez, investigado por narcotráfico, contra Edmundo Cruz y Oscar Castilla. Finalmente, el juzgado concluyó en que el reportaje se basó en información oficial y no hubo difamación.
La denuncia contra Yovera no es solo el problema de un periodista, sino de un gremio y debe interesar a la sociedad porque se trata de la función social que cumple la prensa, en este caso en beneficio de los comuneros que están en menores condiciones para defenderse y hacer respetar sus derechos.
Llamado. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indicó que el Poder Judicial debe declarar la inocencia del periodista Yovera.
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Riesgo. Este caso, indica, pone en peligro la libertad de expresión, pues busca responsabilizar al periodista de lo declarado por sus fuentes. Se vulnera, dice, doctrina Interamericana de DD. HH.
El abogado Roberto Pereira, quien patrocina a Daniel Yovera, explicó que este es un caso que viene de la primera instancia con una declaración de prescripción de la causa, y lo que va a decir la Sala es si ratifica el criterio del juez de que la causa está prescrita o no lo ratifica.
“Si es lo primero, el caso se archiva y concluye. Si es lo segundo, lo que va a ocurrir es que va a bajar a primera instancia para que exista un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Es decir, no está subiendo el caso por el pronunciamiento sobre el fondo, sino por un pronunciamiento acerca de si la causa ha prescrito o no. Esa es la situación en este momento”, anotó.