‘Los Cuellos Blancos’: 294 casos con nuevos fiscales

Arriesgada decisión. En uso de su competencia, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió reestructurar el equipo especial de fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

La decisión causó sorpresa y preocupación. La remoción incluyó dejar sin efecto la designación del fiscal supremo y ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde como coordinador.

El nuevo coordinador es el fiscal superior Jorge Díaz Cabello, quien desde el 4 de julio reemplazó a Víctor Tullume, al que también retiraron del caso.

Además, según trascendidos, estos cambios se producen ante un desacuerdo entre el fiscal supremo provisional Jesús Fernández y la fiscal de la Nación por la continuidad de la fiscal suprema adjunta Fany Quispe.

¿Qué pasó?

Fany Quispe tenía 13 años investigando delitos de funcionarios públicos, primero en el subsistema anticorrupción -que ayudó a organizar- y luego en el despacho de Fernández.

Así, Quispe organizó y estructuró la estrategia para investigar a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, es decir, a jueces y fiscales provinciales, superiores y supremos, abogados -algunos muy influyentes- y empresarios -varios muy poderosos-.

La estrategia estaba dando resultados, de acuerdo con los reportes del doctor Sánchez. El equipo logró que el expresidente de la Corte del Callao Walter Ríos se acoja a colaboración eficaz y delate 40 casos de corrupción, que involucran a 90 personas. Esto sin darle libertad.

En total, hay 294 investigaciones en desarrollo, que involucran a 138 investigados. De ellos, hay ocho con prisión preventiva, 35 con impedimento de salida del país, ocho jueces y fiscales suspendidos y 12 acusaciones pendientes de juicio público. Más otros 9 procesos de colaboración eficaz.

Sin embargo, según fuentes del Ministerio Público, la Oficina de Control de la Productividad Fiscal informó que las fiscalías supremas transitorias especializadas en delitos cometidos por funcionarios públicos tienen baja capacidad resolutiva de casos. Eso motivó la decisión de reestructurar el equipo especial.

Lo concreto es que el equipo especial para el caso Cuellos Blancos del Puerto se ha convertido en tierra movediza. Al día de hoy, ya no sobrevive ninguno de los fiscales que iniciaron la investigación a esta red de corrupción.

Primero salieron Rocío Sánchez y Sandra Castro. Luego Víctor Tullume y ahora los supremos. Tomar conocimiento de todos esos expedientes y sus detalles no es tarea fácil.

Preocupante en un momento en que el principal involucrado, el exjuez César Hinostroza, volvió a fugar. Si es recapturado en España, no habrá problema; pero si lo detienen en otro país, el proceso de extradición casi comienza de cero.

Muchos niveles y poder

Este caso, además de complejo, es complicado. Abarca los tres niveles de funcionarios públicos. Distinto, por ejemplo, al Equipo Especial Lava Jato, que todo se investiga a nivel de fiscales provinciales.

En Cuellos Blancos del Puerto se investiga a nivel provincial, superior y supremo. Por eso, la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos nombró como coordinador general a un fiscal supremo.

Según las fuentes del Ministerio Público, los equipos especiales están bajo la jurisdicción de la fiscal de la Nación, por lo que, de acuerdo con la norma que regula su funcionamiento, el coordinador es un fiscal superior.

En momentos en que la Fiscalía de la Nación, con el aplauso de la mayor parte de Lima, innova al investigar a un presidente de la República, no romper barreras respeto de un equipo especial parece contradictorio.

Salvo que la misma fiscal de la Nación asuma esta “coordinación general” para dar unidad a todo el proceso. Tener bajo su jurisdicción a los equipos especiales sí será nuevo.

De otra forma, será complicado que el fiscal superior coordinador Díaz Cabello coordine con el nuevo fiscal supremo a cargo del caso, Franklin Tomy López, y sus fiscales supremos adjuntos.

Cambios con independencia y no castigo

Un detalle que ha generado suspicacias es que los cambios propiciados por la nueva fiscal de la Nación supone que los fiscales removidos pasen a despachos por debajo de su nivel.

Al fiscal Frank Almanza, que veía el caso Sánchez Paredes, lo enviaron a una fiscalía de Junín. Lo cual parece un castigo y supondría otro interés en estos cambios. La doctora Patricia Benavides debería revisar estos “daños colaterales”. Los fiscales confían en ella.