La República accedió al documento remitido por la suspendida autoridad regional ante los consejeros regionales, en el que pone de conocimiento y pide que se emita pronunciamiento sobre el cargo que obtuvo por elección popular, pero que fue suspendido por ser detenido en el marco de las investigaciones por el caso El Imperio del Mal.
El documento será remitido a Luis Alonso Barturen Pizarro, consejero delegado del Consejo Regional de Lambayeque, y ya se encuentra en poder de José David Custodio Cabrejos, secretario de Consejo Regional.
En su momento, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió suspender a Anselmo Lozano por la causal prevista en el numeral número 2, de artículo 31, de la Ley Orgánica del Gobierno Regional de Lambayeque, según la resolución n.° 0534-2021.
Lozano Centurión también hace mención al acuerdo regional n.° 000021-2021-GR.LAMB/CR, del Consejo Regional de Lambayeque, que dejó sin efecto, de manera provisional, la credencial que se le otorgó para que ejerza el cargo de gobernador regional de Lambayeque.
Al respecto, Custodio Cabrejos precisó a este diario que la solicitud deberá debatida en una próxima sesión ordinaria del Consejo Regional y, previamente, se deberá coordinar su realización con el consejero regional Barturen Pizarro. Después, de una evaluación y análisis del petitorio, las conclusiones de los consejeros serán remitidas al JNE para un pronunciamiento final.
El 1 de enero de 2019, Anselmo Lozano Centurión asumió el cargo de gobernador regional para dirigir los destinos de Lambayeque período 2019- 2022, tras ser elegido en elección popular en octubre del 2018. Antes, el referido había ejercido el cargo de alcalde del distrito de La Victoria, entre el 2015 y 2018.
Recientemente, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo programó la audiencia para debatir una acusación que pesa sobre el actual gobernador regional, Luis Díaz Bravo, y el suspendido gobernador, Anselmo Lozano Centurión.
Por el caso El Imperio de Mal, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe, Lozano afronta un pedido de cárcel de 21 años. Respecto a Díaz Bravo, la magistrada propone 7 años de cárcel.