La propuesta del Ejecutivo para incorporar en la Policía Nacional del Perú (PNP) la categoría de Policía de Orden y Seguridad enviada al Congreso es una iniciativa muy peligrosa pues permite el accionar de efectivos con escasa preparación y exime de responsabilidades a los altos mandos de la PNP y autoridades del Gobierno en casos de excesos y afectaciones a los derechos humanos. Así lo advirtió el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan José Quispe: alertó que podrían presentarse más casos de abusos en las manifestaciones debido a que se incorpora al servicio a reservistas del Ejército como policías contratados con escasos seis meses de preparación.
“Vamos a tener en las calles a policías con seis meses de preparación, lo que es insuficiente si tenemos en cuenta que a diario vemos casos de abusos policiales de efectivos que han tenido más de tres años de preparación”, señaló.
Dijo que el proyecto de ley debe ser rechazado por el Congreso y “el ministro del Interior debe renunciar o ser censurado pues además tiene investigación fiscal por las muertes en las protestas contra Dina Boluarte”.
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El abogado Juan José Quispe explicó que la norma crea la Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana, pero el art. 2 inciso C habla de contribuir con la convivencia pacífica de la ciudadanía, “lo que es una forma encubierta para la disuasión de las marchas sociales”.
Consideró que “es una ley que va a permitir más muertes a partir del mismo artículo, porque se está incorporando a la función pública a miembros del Ejército como un último rango, después de oficiales y suboficiales. Es muy difícil que en 6 meses se les saque el chip al que viene del Ejército”.
Refirió que “lo más grave es que se deja una suerte de eliminación de cadena de mando con el art. 17 inciso 3. Con ello le están quitando el mando que debe tener el jefe de operaciones con sus subordinados”.
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El ministro del Interior, Vicente Romero, explicó que este nuevo personal será conformado por los licenciados de las Fuerzas Armadas y egresados de instituciones de educación secundaria, y por los postulantes a las escuelas de formación de la PNP del último proceso que no hayan logrado una vacante.
Según la iniciativa, los efectivos tienen nueve funciones: labores de vigilancia y seguridad en las áreas designadas; prestar auxilio y protección inmediata a los integrantes de la comunidad; brindar las primeras atenciones a víctimas de delitos, faltas o accidentes; orientar al ciudadano cuando necesite algún tipo de información; intervenir a personas o vehículos dentro del marco normativo vigente; apoyar en la descongestión y redireccionamiento del flujo vehicular y cierre de vías.
El abogado del IDL Juan José Quispe indicó que con esa norma le están quitando el mando a los jefes de operaciones, por lo que queda sin efecto la responsabilidad penal en casos de muertes, vía cadena de mando de la señora Boluarte, ministros y jefes PNP. “Los culpables serán los que hacen el servicio policial. Van a matar delincuentes y reprimir protestas sin ninguna responsabilidad de los altos mandos”, alertó.