El archivamiento de la Resolución Legislativa N.° 239, conocida como Acuerdo de Escazú, en el Congreso de la República generó una serie de contradicciones entre las declaraciones del canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay y el ministro de Justicia, Félix Chero Medina. El titular del Minjus asegura que declaraciones del canciller son a título personal; en tanto, este último defendió su condición de ministro de Estado.
“Yo soy un ministro de Estado y los ministros de Estado lo que decimos lo decimos en nombre del Estado. Así son las cosas. El presidente de la República me ha dado la confianza para aplicar la política exterior que él dirige y en ese marco nos desenvolvemos”, declaró el canciller en RPP.
Respecto a que su postura en torno al acuerdo de Escazú sería personal, Rodríguez Mackay trató de no entrar en confrontación directa con el otro integrante del gabinete Torres: “Yo no entro en discusiones con los colegas ministros. Mi respuesta son las de un ministro de Estado, conforme a las prerrogativas que tengo en mi calidad de canciller de la República”.
El ministro de Justicia, Félix Chero, enmendó la plana al canciller por respaldar el archivamiento en el Congreso del acuerdo de Escazú: “Esa es una posición del canciller, en la medida que él se ha hecho cargo hace poco del ministerio de Relaciones Exteriores, voy a conversar con él, no conocía estas declaraciones que había dado. Pero si me pregunta como ministro de Justicia y Derechos Humanos qué vamos a hacer con este archivamiento entendemos que no ha habido la coordinación suficiente en el Congreso”, declaró al portal Epicentro.
En cuanto al tema de fondo, el titular del Minjus adelantó que la postura del Gobierno sería insistir con este acuerdo: “Como iniciativa legislativa a nivel del sector podemos volver a presentar el proyecto. En la próxima reunión vamos a abordar este tema, vamos a volver a presentar el proyecto porque aquella iniciativa o instrumento que nos ayude a mejorar el mecanismo de protección. Este es el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y para eso estamos”.
En contraste, Rodríguez Mackay considera que el acuerdo de Escazú generaría un impacto a la soberanía del país: “El acuerdo de Escazú no va con los intereses del país porque precisamente la Corte Internacional de Justicia puede tomar una decisión que será vinculante y obligatoria para todos los peruanos, para los propios ambientalistas, para las propias personas y no quedaríamos con los brazos cruzado. Ahí está el impacto a nivel de soberanía”, dijo a RPP.
Finalmente, el último 11 de julio del 2021, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso archivó la Resolución Legislativa N.° 239, conocida como Acuerdo de Escazú, por considerarla innecesaria. La iniciativa implicaba que el Perú ingrese al acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe.