Abogados de Yenifer Paredes buscarán anular la prisión preventiva

Los abogados de Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, cuestionaran los argumentos del juez Johnny Gómez Balboa sobre el peligro procesal y peligro de fuga al apelar la prisión preventiva, por 30 meses, impuesta a ambos personajes.

Ambos abogados, José Dionicio Quesnay y Martín Silva Chumbe, disponen de tres días, que vence este miércoles 31 de agosto, para sustentar por escrito la apelación a la resolución del juez en cada caso.

Una vez presentado el documento, el mismo juez de investigación preparatoria verificará si el recurso impugnatorio cumple con los requisitos legales y formales previstos en la norma. En ese caso, la admitirá a trámite.

Si el juez, como ha sucedido en otros casos, considera que la apelación no está bien presentada, la rechazará y la resolución no será revisada. La prisión preventiva quedará firme.

El fiscal Jorge García también anunció que apelará el plazo de la prisión preventiva. La Fiscalía considera que la detención de Yenifer Paredes y Medina Guerrero debe ser de 36 meses, como fue su planteamiento, dadas las innumerables diligencias de investigación que deben realizar.

Si la apelación es admitida a trámite, los escritos de los abogados defensores y el expediente del caso serán elevados a una de las Salas de Apelaciones de la Corte Penal Nacional. Los jueces realizarán una audiencia con participación de los abogados y la Fiscalía y luego tomarán la decisión.

Aun cuando la decisión de segunda instancia daría por terminado el proceso, no se descarta que alguno de los dos investigados pueda plantear un recurso de casación ante la Corte Suprema.

La otra posibilidad que tienen las defensas de Paredes y Medina es el recurso de habeas corpus contra los jueces de la Corte Penal Nacional en busca de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Una vía utilizada antes por las defensas de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori.

Fundamento

Los abogados Dionicio Quesnay y Silva Chumbe se encontraban ayer trabajando en fundamentar y redactar la apelación. Según trascendió, ambos cuestionarán los fundamentos del peligro procesal y peligro de fuga, la idoneidad y necesidad de la medida y el plazo de 30 meses.

Como sucedió en la audiencia de prisión preventiva, las defensas no harán mayores alegaciones respecto a la probable existencia del delito, salvo remarcar que se trata de una hipótesis aún no probada.

José Dionicio Quesnay considera que el juez valoró la actuación de terceros en la diligencia practicada en Palacio de Gobierno y en la pérdida de los videos de seguridad, para concluir en una probable perturbación de la investigación por parte de Yenifer Paredes.

Igualmente que al pedir a los pobladores de Anguía que no difundan videos de su participación en la reunión, no tiene que ver con perturbar la investigación ni ocultar pruebas, pues fue un evento anterior al inicio del proceso.

Otro aspecto en que insistirá es que el juez no valoró el hecho de que Paredes se entregó a la justicia voluntariamente, dando por válido el planteamiento de la Fiscalía de que ese acto fue fabricado, construido para evitar una eventual prisión preventiva.

También se cuestionará que el juez no habría fundamentado por qué consideró que el plazo razonable de la prisión preventiva no era de 36 meses y la estableció en 30 meses, sin precisarse cuáles son las diligencias cuyo desarrollo requiere ese lapso de tiempo.

Por su parte, Martín Silva insistiría con el argumento expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte Suprema de que la prisión preventiva no debería constituir un adelanto de un veredicto de culpabilidad.

Asimismo, que no existe un acto concreto que justifique la prisión preventiva, pues el juez solo habría considerado que la alta pena hace posible una evasión, aspecto ya rechazado por la jurisprudencia.

Van cinco con prisión preventiva

Con la prisión preventiva dictada contra Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, el equipo especial ya suma cinco investigados privados de su libertad, en la investigación al entorno del presidente de la República, Pedro Castillo.

Desde fines de marzo, se encuentran cumpliendo prisión preventiva el exdirector de Provías Descentralizado Víctor Valdivia Malpartida, el exfuncionario de la misma entidad Edgar Vargas Más y el empresario Luis Pasapera Adrianzén. A ellos también les impusieron 36 meses, pero la Sala de Apelaciones redujo el plazo a 24 meses.