Elecciones 2022: 89 candidatos con antecedentes por corrupción buscan llegar a Gobiernos regionales

El Perú se alista para las próximas Elecciones Municipales y Regionales 2022 en medio de un escenario marcado por la corrupción, ya que 89 candidatos para vicegobernador y gobernador cuentan con antecedentes por ese delito.

LR Data revisó los antecedentes de los 488 aspirantes a llegar a los gobiernos regionales y a partir de información recibida por la Procuraduría Anticorrupción y el seguimiento del historial partidario en Infogob, se detectó que 62 de los 89 postulantes procesados ocuparon antes cargos públicos en alcaldías o gobiernos regionales —ya sea como regidor, alcalde o gobernador—, algunos de ellos en más de una ocasión. Para los expertos, los datos revelan el deterioro de la política electoral.

Cercados por la corrupción

A inicios de este año, la Defensoría del Pueblo reveló a través de un reporte que, entre 2017 y 2020, las entidades agravadas con mayor incidencia de corrupción en trámite son las municipalidades distritales (30%), seguidas por los gobiernos regionales (13%) y las municipalidades provinciales (13%).

Sobre aquellas cifras, la institución destacó que los gobiernos regionales más perjudicados fueron Junín y Lima. Esos son a su vez los que cuentan con mayor número de candidaturas con procesos, junto con Arequipa y Tacna.

Percy Medina, jefe de misión de IDEA Internacional en Perú, asegura que el deterioro de la oferta política en el país pone en riesgo la elección. “Muchas de las personas envueltas en actos ilícitos en sus gestiones pasadas están retornando”, agrega.

De acuerdo con la Procuraduría Anticorrupción, casi todas las regiones presentan aspirantes al sillón gubernamental con acusaciones, incluso hay quienes tienen más de 10 procesos.

Uno de ellos es Ángel Unchupaico, candidato a gobernador en Junín. Él lleva 19 procesos por negociación incompatible, cobro indebido, malversación y nombramiento ilegal. También ha sido presidente regional y dos veces alcalde. Las pesquisas en su contra corresponden a sus gestiones anteriores.

La situación es similar en otras zonas. Si bien Madre de Dios es una de las regiones con mayores casos de corrupción, tres de sus candidatos son procesados por esta modalidad. No obstante, tan solo uno de ellos es acusado por cinco delitos. Él, al igual que los anteriores, ocupó el cargo de gobernador.

Cabe precisar que, para este informe, se consideró las candidaturas de inscritos, admitidos, en proceso de tacha, apelación y excluidos o improcedentes —en primera instancia —, estos últimos tendrían la posibilidad de revocar el fallo del Jurado Electoral Especial ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Este proceso culmina el 2 de setiembre.

Retornan exfuncionarios

Según lo revisado, la mayoría de los procesados ocuparon cargos públicos en entes gubernamentales. Para Karin Guevara, abogada experta en materia electoral, los empresarios o exfuncionarios públicos acumularon dinero en sus gestiones y eso les permite tener dinero para candidaturas. Es decir, prima el valor económico antes que un proyecto político.

En esa línea, Medina asegura que los delitos cometidos por exalcaldes o exgobernadores responden al desconocimiento de la función pública. Por ese motivo, los actos de colusión, peculado y contra la administración pública son los más recurrentes.

En efecto, de los 309 procesos contra los 89 candidatos regionales, 119 corresponden a los delitos de colusión simple o agravada. También es frecuente que hayan caído en la negociación incompatible (50), el peculado (56) y, en menor medida, la malversación de fondos (17).

Asimismo, hay aspirantes que no ocuparon un cargo en una alcaldía o Gobierno regional, pero están vinculados a ciertas entidades públicas, como las direcciones regionales de salud o universidades. Este es el caso de Elvyn Samuel Díaz Tello, quien fue titular de la Diresa Ayacucho y está procesado por cobro indebido y negociación incompatible en agravio de esta entidad. Él ahora espera ser gobernador en Apurímac.

En Arequipa, dos exautoridades de la Universidad Nacional de San Agustín buscan ocupar el Gobierno y vicegobierno de la región. Se trata del exrector Rohel Sánchez y la exvicerrectora Ana Gutiérrez, cuyas gestiones están presuntamente inmersas en actos ilícitos.

En algunas regiones predominan las redes familiares que buscan perpetuarse en el poder. En Loreto, dos hermanos se enfrentan en la contienda electoral. Aunque están en listas distintas, el poder regional puede quedar en manos de esta familia.

Jorge y Fernando Meléndez Celis están inscritos en Juntos Por Loreto y Alianza para el Progreso, respectivamente. El primero fue congresista en 2016 y exministro del Midis en 2019. Además, es investigado por patrocinio ilegal en agravio del Parlamento. El segundo fue gobernador en 2014 y congresista en 2020, y cuenta con 10 procesos en agravio del Gobierno Regional de Loreto. A ello se suma que Fernando fue captado ebrio en una boda y no asistió a la sesión del Congreso cuando fallecieron dos jóvenes en la represión policial del gobierno de facto de Manuel Merino.

Para Percy Medina, existe una construcción de redes ilícitas que vinculan a un grupo o a determinados funcionarios con el objetivo de priorizar intereses individuales y privados, los mismos que procuran sostenerse en el tiempo y ampliarse en nuevas gestiones.

“En tiempo de crisis de organizaciones políticas, los partidos son reemplazados por redes familiares de paisanos, de compañeros de colegios, las cuales están basadas también en corrupción, son mecanismos para acceder a recursos públicos”, enfatiza.

En tanto, Karin Guevara hace hincapié en que la decisión por este tipo de candidatos depende de los partidos políticos, los mismos que priorizan los recursos económicos. Además, señala que hay una falta de valores en los políticos.

Los especialistas advierten que la crisis de partidos políticos y de valores perjudica la vida de los ciudadanos y el servicio recibido.

Descargos y silencios

Alianza para el Progreso (APP), Avanza País y Somos Perú incluyen a un mayor número de aspirantes con antecedentes. Ante ello, Luis Valdez, secretario general de APP, enfatiza que no hay sentencias condenatorias contra los candidatos de su partido, además de que existe la presunción de inocencia. No obstante, señala que las elecciones primarias hubieran permitido que sea la ciudadanía quien elija a los candidatos, no los militantes, como ocurrió en las internas. “Nosotros no optamos ni consideramos candidatos. (...) Nos impusieron las internas. Esa elección escapa de la dirigencia”, acota.

Por su parte, Edmundo del Águila Morote, secretario general de Acción Popular —partido que lleva al gobierno regional a dos personas con presuntos vínculos ilícitos— hace hincapié en que todos los postulantes pasaron los filtros del JNE. “Ellos establecieron las reglas y se ha cumplido. La acusación no está incluida. Bastaría que alguien acuse y ya no se postule. Se requiere de una sentencia”, detalla.

En tanto, Somos Perú desistió de brindar su descargo.

A partir de ello, los especialistas subrayan que el Perú es uno de los países con más requisitos de transparencia. Aunque, a su vez, reconocen que no ha disminuido la cantidad de personas no idóneas, que aseguran es responsabilidad de los partidos.

En ese panorama, piden que el elector sea más crítico. Pero, para Guevara, el problema es que los votantes no se informan. “A veces aceptamos lo que viene o los elegimos con la esperanza de que pronto va a salir la sentencia del candidato y sea procesado”, refiere.

Del mismo modo, Medina propone una vigilancia ciudadana. “Hay mucha información a disposición, lo que ocurre es que se requiere un esfuerzo de la ciudadanía, es el único camino”, apuntó finalmente.

Elección regional: regresan 12 excongresistas

De los 89 con antecedentes, 12 fueron congresistas.

En La Libertad, César Acuña (APP) aspira retornar al mismo cargo regional que ocupó en 2014, pese a la acusación de negociación incompatible.

En Lambayeque se presenta el excongresista Clemente Flores Vílchez (APP), investigado por cohecho pasivo. En Cajamarca, Walter Benavides (Avanza País) tiene acusaciones por cobro indebido, colusión y negociación incompatible.

En Piura, Mario Quispe Suárez (Somos Perú) y Luis Dioses (Fuerza Regional) cuentan con procesos por colusión y contra la administración pública. Por otro lado, en Ica, nuevamente un candidato de Somos Perú figura con acusaciones por usurpación. Se trata de Alberto Oliva Corrales.

Otros candidatos son Rosario Paredes (Somos Perú) en Arequipa, Carlos Cuaresma (Frente Esperanza) en Cusco, Grimaldo Vásquez Tan (Victoria Amazonense) en Amazonas y Juan Carlos Yuyes (Fuerza Popular) en Tumbes. También los mencionados hermanos Meléndez Celis.

Loreto: hermanos en contienda

Jorge Meléndez Celis, Juntos Por Loreto

Fue congresista (2016) y exministro (2019). Es investigado por patrocinio ilegal en agravio del Congreso.

Fernando Meléndez Celis, Alianza Para el Progreso

Exgobernador regional (2014) y excongresista (2020), con 10 procesos por colusión, peculado y otros delitos.

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