El Congreso no entregó a la Comisión de Fiscalización las imágenes de las cámaras de seguridad de los meses de julio y agosto en el marco de la investigación por la presunta red de prostitución en esta institución. La respuesta fue que esos videos se borraron.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos (Podemos Perú), le solicitó al oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, los videos de la cámara de seguridad del periodo entre el 1 de julio y el 31 de agosto del Complejo Legislativo ubicado en la Avenida Abancay, en el Centro de Lima.
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Sin embargo, el oficial mayor Forno respondió que el Congreso no cuenta con esas imágenes y que, según el jefe de la Oficina de Seguridad, Luis Fernando Reátegui Lazarte, "debido a la poca capacidad de almacenamiento de los equipos con que cuenta el sistema de video vigilancia institucional, (...) solamente se guarda información de los últimos veinticinco días y los archivos anteriores se van borrando".
"Por lo tanto, no es posible atender la solicitud requerida con el documento de la referencia", concluyó Forno.
Congreso borró videos de cámaras de seguridad.
El congresista Juan Burgos envió otra solicitud este viernes a Oficialía Mayor para obtener las grabaciones de las cámaras de los pisos 6 y 7 del edificio Complejo Legislativo desde el 2 al 20 de diciembre.
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Forno y Reátegui son funcionarios designados en el periodo en que Alianza Para el Progreso (APP) preside la Mesa Directiva del Congreso.
Mediante un comunicado, el Congreso rechazó que los videos de la cámara de vigilancia del Complejo Legislativo hayan sido borrados de manera manual e intentó justificarse con que su sistema de almacenamiento lo hace de manera automática cuando las grabaciones superan los 25 días de antigüedad.
"Este proceso automático implica que los datos más antiguos son eliminados únicamente para dar pase a las nuevas grabaciones; no existe intervención manual ni modificación en el sistema", dice el comunicado.
La falta de estos archivos de vídeo no detienen la indagación de la Comisión de Fiscalización.
La comisión presidida por el congresista Juan Burgos busca unir los hilos del caso de la presunta red de prostitución del Congreso y la contratación de la abogada Andrea Vidal, quien trabajó en la Oficina Legal y Constitucional, cuando Torres era jefe allí.
Vidal, según un reportaje del programa Beto a Saber, contrataba personal para que realicen trabajos sexuales en el Congreso. La semana pasada falleció, días después de haber sido atacada por sicarios.
Torres rechaza esa afirmación.
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La Comisión de Fiscalización comenzó su indagación revisando las contrataciones del Congreso. El jueves último, Burgos le preguntó a Torres quién lo designó como jefe de la Oficina Legal y Constitucional. El exfuncionario respondió que eso fue responsabilidad del oficial mayor.
Torres fue designado como jefe de la Oficina Legal y Constitucional en el periodo en que el presidente del Congreso era Alejandro Soto, de APP.
Giovanni Forno, al ser consultado por lo mismo en la comisión, admitió que él designó a Torres en ese cargo. Sin embargo, cuando le preguntaron quién le proporcionó el CV de Torres, respondió que no se acuerda.
El caso ha generado demasiado revuelo en la oposición. Según el congresista Carlos Zeballos (Podemos Perú), un grupo de sus colegas viene recolectando firmas para presentar una censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso).
La gestión de Salhuana retiró del cargo a Torres en medio de este escándalo. Además, formó una comisión ad hoc para iniciar un proceso administrativo contra Saravia. Pero las respuestas de su oficial mayor no dejó satisfechos a los parlamentarios de la oposición.
Los vicepresidentes de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Alejandro Cavero (Avanza País) salieron a defender a Salhuana, alegando que pedir la censura es prematuro.