El presidente del Congreso Alejandro Soto presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de dejar sin efecto la medida cautelar que en su momento dispuso el Poder Judicial para reponer en sus cargos a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez.
En concreto el Parlamento, mediante este recurso, considera que el Poder Judicial menoscabó sus funciones e incumplió la sentencia del Tribunal Constitucional que, de acuerdo a la interpretación de la coalición legislativa, señala que el accionar del Congreso no debe estar sometido a control judicial.
"Ello atenta contra el Estado de derecho y la seguridad jurídica, ya que pone en riesgo la efectividad de las decisiones jurisdiccionales y la confianza de los ciudadanos en el sistema jurídico", sostiene el documento de la demanda al que accedió La República.
Incluso, el presidente del Congreso sostiene que la resolución del Poder Judicial, al no haber acatado el fallo del TC, comete presuntos ilícitos. "Resulta ilegal e indebido por varias razones. En primer lugar, el TC es la máxima autoridad (...) y sus decisiones tienen fuerza vinculante (...). En segundo lugar, el incumplimiento de una sentencia emitida por el TC vulnera el principio de supremacía constitucional", añade la demanda competencial.
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La demanda es una respuesta del Congreso ante la medida cautelar declarada fundada por la Primera Sala Superior Constitucional de Lima del 8 de marzo del 2024. Dicha resolución, publicada el 23 de marzo, dispuso la suspensión provisional de la inhabilitación de los magistrados de la JNJ, Aldo Vásquez e Inés Tello, y, por ende, los repuso en sus funciones.
Esta sala cuestionó las irregularidades cometidas por el Congreso en el juicio político contra ambos juristas. Primero, en su resolución destacó que el Pleno inhabilitó a los magistrados por la discrepancia sobre la permanencia de Tello pese a tener más de 75 años. Cuando Vásquez fue titular de la Junta Nacional de Justicia decidió que su homóloga continúe en el cargo, pues consideró que la edad solo es un impedimento para postular al cargo, pero no para la permanencia.
En el Congreso consideraron lo contrario y por eso avanzaron con el juicio político. El Poder Judicial cuestiona ese proceder, puesto que la infracción imputada a los magistrados no está tipificada en la Constitución.
El segundo argumento de la sala es que esta decisión arbitraria del Congreso afecta la independencia y autonomía de la JNJ.
Y el tercer cuestionamiento es que, para concretar la inhabilitación, el Pleno tomó en cuenta los votos de los congresistas de Podemos Perú, José Luna Gálvez, y de Somos Perú, José Jerí, quienes son miembros de la Comisión Permanente y estaban prohibidos de participar en esa votación.
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Sin embargo, en el Congreso consideraron que su juicio político fue pulcro y que, todo lo contrario, es el Poder Judicial quien se inmiscuye en sus funciones.
Y la demanda competencial no es la única maniobra a la que apeló el titular de la Mesa Directiva. También envió otro documento al Tribunal Constitucional solicitando una medida cautelar. Es decir, demanda anular la resolución de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y se proceda con la inhabilitación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, mientras el conflicto se resuelve.
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La columna vertebral de estos recursos presentados por la procuraduría del Congreso, con la firma de Alejandro Soto, es una resolución del TC de febrero del año pasado, sobre un conflicto competencial contra el Poder Judicial, que resolvió que las decisiones parlamentarias no están sujetas a control judicial.
No obstante, una parte de ese expediente que omiten en los Pasos Perdidos es que ese fallo también recalca que el control judicial aplica cuando el Congreso vulnera derechos fundamentales, tal como habría sucedido contra los magistrados de la JNJ.
Demanda competencial interpuesta por el presidente del Congreso Alejandro Soto.
Solicitud de medida cautelar