Empresa estafada por Alejandro Soto le reclama reparación de S/323.829
Al mismo juez Carlos Román, que archivó la denuncia fiscal contra el presidente del Congreso, la compañía Wayna Picchu le exige que inicie el juicio oral correspondiente para que Soto cumpla con abonar el dinero por daños y perjuicios.
Alejandro Soto Reyes se salvó de una condena de ocho años y ocho meses por estafa y falsedad genérica, pero no del pago de la reparación civil a la empresa que resultó afectada por la compra de un terreno a precio sobrevalorado y cuyo verdadero dueño era el mismo Soto.
La compañía Transportes Wayna Picchu exigió al juez cusqueño Carlos Román Gil que inicie el procedimiento contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para que abone una reparación civil de S/323.829 por daños y perjuicios por dos hechos específicos:
- S/287.829 por haber recomendado la adquisición de un predio por US$265.000 y ocultar que él había adquirido el terreno ocho meses antes por US$5.000 a la comunidad campesina de Ayarmaca, distrito de San Sebastián, Cusco.
- S/36.558 por haber cobrado honorarios para elaborar los estatutos de la empresa y no haber cumplido con el compromiso.
El abogado de Wayna Picchu, Darwin Urquizo Pereira, le recordó al magistrado Carlos Román que, si bien el 26 de julio de este año archivó el caso contra Alejandro Soto por estafa y falsedad genérica, la reclamación de la reparación civil por parte del agraviado sigue su propio curso.
Por ello, la defensa de la empresa solicitó al juez Román abrir juicio oral contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, a fin de que este proceda al pago de la reparación civil por S/323.029.
El defensor de Wayna Picchu también señaló al magistrado Carlos Román que, en la misma resolución con la que archivó el caso, indica que se debe proceder al desembolso de la reparación civil por parte de Alejandro Soto.
Esto es completamente cierto. La resolución del juez Román dice: “Se deja a salvo el derecho del actor civil (Transportes Wayna Picchu), que de ver por conveniente recurra a otra vía extrapenal para reclamar la reparación civil o, caso contrario, de persistir en esta vía, una vez que quede consentida y/o ejecutoriada esta resolución, presente un escrito en el plazo de cinco días para que ponga en conocimiento que va a reclamar la reparación civil ofreciendo las pruebas correspondientes y oportunamente se señalará fecha para juicio oral respecto a la reparación civil”.
El magistrado Carlos Román todavía no consiente el fallo del 26 de julio que libró a Alejandro Soto de la denuncia fiscal por estafa y falsedad genérica, por lo que el pedido de Wayna Picchu encausado a que se le pague la reparación civil se ajusta a la ley.
Una investigación de La República destapó que Alejandro Soto, aprovechando su condición de vocero de su partido Alianza para el Progreso (APP), apoyó la ampliación de la agenda del Pleno del Congreso para que se apruebe el dictamen de un proyecto de ley que permitía la prescripción y el archivamiento de casos como el que enfrentaba el mismo Soto.
Luego, el congresista de APP votó dos veces para que el proyecto obtuviera luz verde. Soto se acogió a la ley y el juez Carlos Román archivó su caso.
Alejandro Soto respondió que no era verdad. Manifestó que no se había acogido a la Ley N.º 31751 para que prescribiera la denuncia fiscal en su contra por haber estafado a Transportes Wayna Picchu, la empresa en la que trabajó como asesor legal.
Sin embargo, La República consiguió la copia de la solicitud de Alejandro Soto, quien, por intermedio de su abogado Walter Pimentel Peralta, requirió al magistrado Carlos Román acogerse a la Ley N.º 31751. Soto mintió.
