Alejandro Soto: 5 denuncias contra el presidente del Congreso que podrían verse en Ética
Ya existen pedidos —desde algunas bancadas— para que la Comisión de Ética, tras instalarse, vea de oficio algunas de las denuncias contra el nuevo titular de la Mesa Directiva, quien tiene poco más de 2 semanas en el cargo.
En el Pleno de este lunes 14, la representación nacional tiene programado aprobar el cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria, la cual será presidida —durante el periodo 2023-2025— por la bancada de Avanza País. Entre los temas pendientes a resolver por este grupo parlamentario están los pedidos, desde diversas bancadas, para que se inicie una investigación de oficio contra el actual presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, quien —en poco más de dos semanas— ya acumula cinco denuncias que podrían terminar en esta instancia de control legislativo.
Ya existen dos pedidos concretos para investigar a Alejandro Soto en Ética y, en el discurso, una apertura de titular de la Mesa Directiva para que sus casos sean vistos por el grupo parlamentario encargado de sancionar faltas al Código de Ética Parlamentaria. El primer caso es por la información respecto a que Alejandro Soto tendría 55 procesos judiciales abiertos, algo que él se ha encargado de negar al afectar su imagen como nuevo titular de la Mesa Directiva. Frente a ello, dijo que se somete a Ética.
“Estoy a disposición de la Comisión de Ética porque, como he ratificado, no tengo antecedentes penales ni judiciales. Ese andamiaje de haberme atribuido 55 denuncias, que luego se cayeron a 9, que luego se caen a 3, demuestra que no hay una investigación seria (…). Es harto conocido que hay gente que no le interesa que un provinciano sea presidente del Congreso, queda claro que hay intereses. Ni siquiera tengo una semana en el cargo y me están buscando hechos que no son trascendentales para el país”, declaró a la prensa.
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Otro tema por el que el integrante de APP dijo estar dispuesto a someterse a la Comisión de Ética es por la contratación de su cuñada como trabajadora de su despacho congresal en el 2021. La respuesta del parlamentario, Soto Reyes contó que dispuso que se estableciera el vínculo laboral con Yeshira Peralta durante el 2021, antes de que conociese a Lizbeth Peralta Salas, quien es madre del hijo de 11 meses del congresista.
“Se ha dicho que he contratado a mi cuñada en mi despacho. Eso es falso porque no es mi cuñada. Yo contraté a la Srta. Yeshira Peralta el año en el que ingresé, en el 2021. Meses después, en una relación con su hermana, tuve un hijo, pero no es mi esposa ni es mi conviviente. No es mi pareja, tuve una relación fugaz y producto de ello tengo un niño de 11 meses, al cual se le está exponiendo innecesariamente. Por lo tanto, no es mi cuñada porque no estoy casado ni es mi conviviente”, declaró en 'Punto final'.
Otras 3 denuncias contra Alejandro Soto
La más reciente fue difundida por el programa 'Panorama', que informó que Alejandro Soto presentó una declaración jurada en la que afirmó no tener ninguna deuda por concepto de reparación civil. Él habría mentido debido a que en el 2016 el Quinto Juzgado Civil de Cusco le ordenó el pago de S/10.000 por el delito de difamación agravada contra el comandante PNP Nilo Chávez Luna, y este monto no fue cancelado hasta el año en que postuló al Congreso. Esto sería un indicativo de que el legislador de APP fue electo pese a estar impedido.
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Por otro lado, La República hizo pública la denuncia sobre que Alejandro Soto compró una casa por US$252.000 con presunto dinero obtenido de estafa. En el 2012, él vendió un terreno por US$265.000 a la empresa donde trabajaba como asesor legal, Transportes Waynapicchu. Lo hizo ocultando que ocho meses antes había adquirido el mismo predio por US$5.000 a una comunidad campesina. En octubre del 2015, compró un lujoso inmueble ubicado en el distrito cusqueño de San Jerónimo, presuntamente con el dinero adquirido de la venta anterior. Esto fue denunciado —tras tomar conocimiento de lo ocurrido mediante una auditoría a su patrimonio— por el nuevo directorio de Transportes Waynapicchu.
La empresa detectó que el ahora presidente del Congreso, en complicidad con miembros del anterior directorio, hizo que la empresa pagara US$265.000 por un predio por el que él había abonado US$5.000 a unos campesinos. Existió un pedido fiscal de una pena de 8 años y 8 meses contra Alejandro Soto, pero cuando —en julio del 2023— el juez cusqueño Carlos Morán Gil tenía que sentenciarlo, el parlamentario se acogió a la prescripción del caso en aplicación de la Ley n° 31751.
Precisamente el quinto caso está vinculado a la iniciativa antes mencionada, conocida como ‘ley Soto’. En mayo de este año, se aprobó la Ley 31751 después de que el legislador incluyera su discusión y votación en el programa legislativo. Soto estaba a punto de enfrentar las consecuencias de una sentencia por fraude, pero esta legislación impidió que fuera sometido a un proceso legal. Una ley promovida por él que terminó beneficiándolo.
