Lo que hizo el Congreso para merecer solo 6% de aprobación
Se lo ganaron a pulso. En dos años, esta institución impulsó contrarreformas a su favor, frenó salidas a la crisis política archivando el adelanto de elecciones, blindó a sus aliados, acusó a sus rivales, pretendió someter al sistema electoral y judicial, buscó reelegirse con la bicameralidad, se alió con Boluarte, despilfarró más de S/63 millones, limitó el derecho al referéndum y defendió los privilegios de los parlamentarios.
Todas las encuestas dan cuenta de que el Congreso tiene un amplio rechazo en el país y una ínfima aprobación. A lo largo de estos dos años, esta institución ha tomado una serie de decisiones cuestionables que generó el rechazo de la población.
Todas las encuestas coinciden en que el Congreso goza de una ínfima aprobación y de un amplio rechazo. El último lunes, CPI informó que solo el 5,9% del país respalda a esta institución, mientras que el 90,8% la rechaza. La encuesta de junio del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) también arrojó un resultado desfavorable: 91% en contra y solo el 6% a favor.
Basta hacer un recuento de lo que ha hecho este Congreso y cuáles han sido las decisiones que generaron mayor revuelo para entender por qué tienen ese nivel de rechazo.
Un sector de esta institución, desde el inicio de este quinquenio, impulsó una vacancia contra el entonces presidente Pedro Castillo. En 2022 hubo más intentos. Al final tuvieron éxito, pero debido a que Castillo intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre.
‘Fraude’ y contrarreformas
Desde el principio, este mismo bando —conformado por Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular— insistió en cuestionar los resultados electorales del 2021. Impulsaron una comisión especial para investigar un supuesto fraude electoral. El costo de ello fue más de S/200.000 y el resultado fue un informe que no pudo demostrar nada.
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo poseen un gran rechazo por parte de la población. Foto: difusión
También modificaron su reglamento para impedir que el Ejecutivo haga cuestión de confianza cuando algún ministro de Estado se encuentre al borde de la censura. El trasfondo de esa maniobra fue evitar la disolución del Congreso luego de dos pedidos de confianza denegados.
Otra contrarreforma impulsada por este Parlamento fue la bicameralidad. La debatieron en dos ocasiones. El fujimorismo promovió un dictamen que permitía a los congresistas postular a la reelección como senadores. El dictamen no prosperó y suspendieron el debate para evitar un referéndum.
Este Congreso ha buscado a toda costa evadir la consulta ciudadana. Ese temor a los votantes los llevó a comienzos de este año a archivar la propuesta de adelanto de elecciones hasta en tres oportunidades en un contexto de protestas que exigían esta salida a la crisis. Pero eso no es todo.
Los blindajes
El Congreso se convirtió también en un territorio donde sus aliados son protegidos. Cuando fue investigada la muerte de Inti y Bryan, el congresista de Avanza País Alejandro Cavero presentó un informe que eximió al expresidente Manuel Merino y a sus exministros de ser denunciados por los asesinatos en la protesta del 14 de noviembre del 2020.
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Y este no es el único blindaje. Hasta el momento hay 10 congresistas denunciados por recorte de sueldo a sus trabajadores. Ninguno ha sido suspendido.
Esta misma institución impidió que cuatro parlamentarios de Acción Popular investigados en el caso Los Niños sean denunciados. Los acciopopulistas se salvaron gracias a los votos de un bloque de la izquierda.
Asimismo, acusaron a la excongresista aprista Luciana León por tráfico de influencias en el caso Los Intocables Ediles, pero evitaron que sea investigada por organización criminal.
En cambio, sí inhabilitaron a la exfiscal suprema Zoraida Ávalos, debido a que ella suspendió la investigación contra Castillo cuando él era presidente en funciones. Y pretenden hacer lo mismo con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.
La bancada de Avanza País impulsa, mediante la legisladora Rosselli Amuruz, una denuncia en contra de Salas Arenas y plantean modificar la Constitución para someterlo a juicio político. De igual modo, también buscan acusar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante una denuncia de Patricia Chirinos.
Este no es el único intento de zarpazo al sistema judicial. El mes pasado aprobaron una ley que impone ocho meses de plazo al proceso de colaboración eficaz, limitando así la lucha contra la corrupción, de acuerdo a un informe de la Procuraduría.
A eso se suma que también evitaron que Dina Boluarte sea investigada por las 49 muertes en su periodo de presidenta. El 7 de mayo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales mandó al archivo una denuncia contra Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, por las víctimas de la represión.
Despilfarros
Mientras Boluarte es protegida, este régimen aprobó un crédito suplementario de S/42 millones para que el Legislativo contrate más personal para nuevas comisiones parlamentarias y proyectos de infraestructura.
En este último año, gracias a la gestión de la Mesa Directiva de José Williams, el Legislativo despilfarró más de S/63 millones en solventar los viajes al extranjero de los congresistas, mejorar las instalaciones del Congreso, financiar bufets y dar bonos a sus trabajadores.
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Pese a esto, en los Pasos Perdidos no se hace ningún mea culpa y se desentienden de los índices de desaprobación.
Infografía - La República