Perfiles. El Congreso, con 91% de rechazo, alista la elección del próximo defensor del Pueblo. Desde que el Tribunal Constitucional (TC) falló en favor del poder estatal presidido por el general (r) José Williams Zapata, entes autónomos —como los que pretenden seguir copando— se pronunciaron en contra. La misma Defensoría compartió el "rechazo a cualquier limitación que se pretenda efectuar a sus competencias y funciones constitucionalmente reconocidas". Como la sentencia del TC desconoce a la actual titular, Eliana Revollar, se precisa que "continuarán con sus labores en estricto cumplimiento de su mandato".
El próximo 12 de abril comenzará, por dos días, la ronda de entrevistas con Gastón Soto Vallenas, Jorge Luis Rioja Vallejos, Josué Gutiérrez Cóndor, Pedro Cartolín Pastor, Delia Muñoz Muñoz y Miguel Ángel Soria Fuerte. Terminados los pliegos de preguntas, la Comisión Especial deberá votar para jerarquizar a los postulantes y concertar las propuestas que serán postuladas en el Pleno.
En su informe N.° 014-2008-2-5339, la Contraloría sugirió que Gutiérrez, en sus tiempos de consejero del Gobierno Regional de Huánuco, "aprobó la exoneración de procesos de selección para la contratación de servicios y materiales respectivos a la ejecución de la obra sustitución del puente Semuya del distrito de Honoria por el monto de S/769.889,84, soslayando la normativa vigente".
El ciudadano Alfonso Gómez contó a la Comisión Especial que Gutiérrez "fue sentenciado a pagar S/180.000 por una denuncia calumniosa". El mismo civil advierte que el candidato recomendado por el lápiz omitió registrar los gastos e ingresos de su campaña congresal del 2021.
En cuanto a sus responsabilidades automovilísticas, Gutiérrez fue sancionado por manejar a velocidad excesiva y también por omitir usar claxon.
A juicio del denunciante Junior Anastacio, Gastón Soto habría tenido proximidad con el exgobernador de Áncash, César Álvarez, actualmente preso por el caso Lava Jato.
De hecho, en 2012, Soto fue presidente del inexistente Consejo Nacional de la Magistratura. Su gestión desaprobó destituir a la fiscal Dante Farro Murillo, quien tres años después fue detenido preventivamente por 12 meses debido al hipotético ilícito de favorecimiento y encubrimiento.
Soto Ballena tiene multas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) referentes al irrespeto a la luz roja del semáforo, así como estacionamiento indebido.
Por su parte, la Contraloría expuso en su documento N.° 120-2003 que el aspirante a defensor del Pueblo, en sus tiempos como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, participó de un "otorgamiento indebido de combustibles a los gerentes generales y secretarios generales, durante el periodo 1998-2000, ascendente a S/177.852,40 en efectivo, sin exigir la rendición de cuentas correspondientes”.
En esa misma etapa, Soto "otorgó una asignación indebida por combustible a los miembros del Pleno ascendente a S/412.917,85 sin la rendición de cuenta”, requerida por ley.
Para Danny Catacora, peruano que denunció a Jorge Rioja ante la Comisión Especial, el postulante mantiene una deuda coactiva con la Sunat por S/10.553. No obstante, con anterioridad, este medio de comunicación conversó con Rioja para conocer sus descargos. En el informe de la superintendencia citado como respuesta, se concluye: "Según nuestros sistemas informáticos, se ha verificado que, al 08/07/2022, ninguno de los contribuyentes señalados en el pedido congresal tiene deuda tributaria pendiente de pago y tampoco cuenta con deuda en cobranza coactiva".
Soria Fuerte tiene 21 multas en el SAT. Entre las muchas infracciones, destacan la omisión del cinturón de seguridad, evasión de las señales de tránsito y el manejo a pico de velocidad. Esta lista fue presentada por la civil denunciante Vianca Torres Páucar. Según sus cálculos, las papeletas de Soria suman, en total, S/6.263,04.
Cartolín fue gerente de Asuntos Legales de la Empresa Municipal de apoyo a Proyectos Estratégicos SA - Emape y, según la Contraloría, durante su mandato se omitió un expediente técnico que provocó el "pago del adicional de obra N.° 05 por la construcción de cuatro cisternas en las orejas de los cruces de la av. Javier Prado con la av. Aviación y av. San Luis, por el monto de S/316.124,95”.
La CGR detectó responsabilidad administrativa no solo en ese caso, sino también identificó una adenda que contravino la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Resulta que se incorporó el servicio de limpieza de la vía expresa de Javier Prado como una prestación adicional por S/43.012,67.
La exministra de Manuel Merino fue denunciada por el civil Junior Carrasco por su presunta falta de idoneidad debido a la responsabilidad política en la represión del breve pero fatal del régimen de noviembre del 2020. En el documento presentado ante la Comisión Especial también se cuestiona a Muñoz por su intención de remover al procurador general del Estado, Daniel Soria.
Además, ella fue multada por estacionar su coche en una zona prohibida y manejar sin el equipo de luces correspondientes.