El Tribunal Constitucional (TC) falló el jueves pasado a favor del Congreso en su demanda competencial contra el Poder Judicial. Este anuncio del TC le otorga al Legislativo una serie de poderes sobre la elección del defensor del Pueblo, la reforma del consejo directivo de la Sunedu y la destitución de las autoridades del sistema electoral, lo que pone en riesgo el equilibrio de poderes.
El director de Proética, Samuel Rotta, explica que el proceso parlamentario de elección del defensor del Pueblo si bien busca elegir a esa autoridad, puede ser controlado por otro poder del Estado —como el Poder Judicial— cuando es activado como lo hizo el gremio de la Defensoría. Sin embargo, con este fallo se estaría eliminando el contrapeso de poderes. “Al anular esta posibilidad estamos eliminando algo tan básico en una democracia como que los poderes del Estado se contrapesen entre ellos. Si ya no están sujetos a controles externos, en la práctica pueden elegir a quien quieran”, dice. Agrega que “un Congreso con tan poca legitimidad, que ha demostrado actuar con tan poca transparencia, probablemente no elija a una buena autoridad”.
Como afirma la abogada del Instituto De Defensa Legal (IDL) Cruz Silva, el TC ha declarado fundada la demanda competencial que el Congreso presentó en contra de diversas acciones judiciales, como “los procesos de amparo que impedían la realización de investigaciones parlamentarias sobre asuntos de interés público”. Según el constitucionalista Pedro Grández, esta intervención del TC, a través de un proceso competencial, “restringe, en forma desproporcionada, la potestad de control al poder que ejerce el Poder Judicial a través de los procesos constitucionales”.
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Un ejemplo de lo que quiere evitar el Parlamento son medidas cautelares, como la presentada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, en contra del accionar del Legislativo, en agosto del 2022, porque le tramitaba denuncias constitucionales que pretendían someterlo a la prerrogativa del juicio y antejuicio político que no le corresponde, conforme al art. 99 de la Constitución. De cambiarlo, Salas podría ser investigado y destituido.
Para Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, con esta sentencia, el TC está validando que el Congreso pueda legislar en contra de derechos, como el que los jóvenes tengan acceso a una educación superior de calidad.
“Con esto ya se elimina la acción de amparo que estaba vigente de la Sunedu. Lo que estamos viendo claramente es que el Tribunal está avalando este atropello del Congreso y les está dando carta libre para que puedan legislar en contra de derechos tan importantes como el derecho a una educación de calidad. Frente a estas circunstancias, la democracia y la educación se ven seriamente dañados”. Agrega que con este fallo “no hay ninguna protección legal para los ciudadanos que consideran que sus derechos están siendo vulnerados con leyes tan dañinas como la contrarreforma universitaria”.
Esto es muy grave y bien delicado, según Samuel Rotta, porque estamos ante una amenaza a jueces que han decidido —en uso de su propia función— en contra y a posteriori de lo que el Tribunal está determinando. “Es bien extraño esto y así como está puesto parece una suerte de apabullamiento, un castigo. Lo cual no se entiende porque si el Tribunal recién está dictaminando esto, el juez no habría infringido nada. Es una amenaza a posteriori. El juez que dio el amparo para la elección del defensor, por ejemplo, podría ser sometido a un proceso de investigado por parte de la JNJ”. Agrega que con esta resolución ya no podrían emitir un recurso contra el Parlamento.
Para Samuel Rotta, este punto podría ser un conflicto de interés porque los congresistas son elegidos por procesos electorales que son conducidos por las autoridades del JNE, la ONPE, y la Reniec. “Si fueran sujetos que puedan ser destituidos por el Congreso, habría una situación medio conflictiva, es decir, que los congresistas puedan destituir a quienes conducen el proceso electoral, que son quienes los van a llevar a sentarse en su curul. Lo que estaría haciendo esta resolución es romper el equilibrio y está haciendo que estas autoridades electorales pudieran ser destituidas por el Congreso”.