Congreso: estos son los organismos sobre los que tendría poder absoluto tras decisión del TC

El último jueves 23 de febrero, el Tribunal Constitucional resolvió la demanda competencial presentada por el Legislativo contra el Poder Judicial. El expediente, denominado "caso del control judicial de las decisiones del Congreso", y con número 00003-2022-CC/TC, ha sido ampliamente cuestionado, pues da la palabra final sobre importantes reformas a organismos autónomos que, desde el inicio de su periodo, el Parlamento ha intentado acaparar. Decisión en la que incluso se buscarían represalias contra los jueces que lograron que medidas reformistas sean refrenadas.

Entidades como los órganos electorales (JNE, ONPE, RENIEC), la elección de la Defensoría del Pueblo y la SUNEDU, hasta la investigación de temas relevantes que irrigarían gastos como la comisión investigadora del fraude electoral, en la que se gastaron más de 200.000 soles, podrían ser ahora reformadas o asumidas por el Congreso, sin ningún cuestionamiento.

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Elección del defensor del Pueblo seguirá su curso pese a críticas

El muy cuestionado proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo realizado a mediados del año pasado por el Congreso, el cual fue frenado oportunamente por el Poder Judicial mediante la interposición de una acción de amparo y que se reactivó en los últimos meses, ha sido finalmente destrabado.

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Con cinco votos a favor y uno en contra, el Tribunal Constitucional declaró fundada esta demanda competencial, y le da carta blanca al Legislativo para que continúe con una elección en la que no existe mucha novedad y que incluso cuenta con varios de los personajes que participaron en el anterior proceso, que fue anulado debido a los cuestionamientos.

JNE, ONPE y Reniec podrían ser sometidos a juicio político

Con cinco votos a favor y por mayoría, el Tribunal Constitucional no solo declaró fundada esta demanda del Congreso, sino que también exhortó al Legislativo a que se reforme el artículo 99 de la Constitución, a fin de que los representantes de organismos electorales puedan ser sometidos a juicio político por parte del Parlamento.

Las intenciones del Congreso para que se proceda con esta reforma han sido señaladas como peligrosas. Por un lado, porque esto permitiría que los directivos de estas instituciones puedan ser destituidos de sus cargos e inhabilitados de los mismos ante cualquier denuncia constitucional que sea declarada procedente por el Legislativo; por otro, porque se entiende que este cambio podría ser usado como un mecanismo de control político hacia el sistema electoral, que son reconocidos como autónomos desde su conformación.

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Investigaciones parlamentarias sobre temas de interés público

También con un total de cinco votos a favor, el TC determinó que el Congreso tenga la capacidad de realizar investigaciones parlamentarias, ya no solamente sobre temas que competen al estado y sus poderes, sino que también se podrían ejercer investigaciones a todo tipo de asuntos que sean concebidos como interés público.

Como se sabe, este tipo de investigaciones terminan por irrogar gastos adicionales al Legislativo, por lo que se advierten controversias.

El año pasado, en una comisión de este tipo, presidida por el congresista Jorge Montoya, el Congreso gastó más de 200.000 soles para investigar el supuesto "fraude electoral" vivido durante las elecciones del 2021. El informe final obtuvo tal cuestionamiento que fue rechazado ante la comisión permanente y pasó a ser archivado, pero el gasto ya había efectuado.

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Consumación de la contrarreforma que afecta a la SUNEDU

Otro tema sobre el que el TC también tenía la decisión final era la contrarreforma que buscaba acabar con el sistema de gestión de la Sunedu y que permitía al Minedu colocar representantes estatales, así como representantes privados a decidir y evaluar la calidad educativa en el Perú.

Esta decisión fue aprobada por unanimidad y comprende la anulación de las resoluciones emitidas que impedían que se realice la reforma del consejo directivo de la SUNEDU.

Amedrentamiento al Poder Judicial

Como un punto anunciado en esta reforma también se encuentra la de "hacer de conocimiento" a la Junta Nacional de Justicia sobre los jueces que concedieron dichos amparos o medidas cautelares a fin de que "proceda conforme a sus atribuciones sobre el comportamiento funcional" de los mismos.

Este pedido fue admitido con cinco votos a favor y con él se reafirman "las competencias políticas exclusivas del Congreso".