Pedido. El congresista Luis Aragón, de Acción Popular (AP), consideró que tanto César Cervantes y Alberto Otárola, ministro del Interior y Defensa, respectivamente, deberían renunciar a sus cargos debido a los 22 decesos en el interior del país a consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.
En diálogo con canal N, el legislador señaló que la presidenta Dina Boluarte debería removerlos de dichos sectores en la recomposición de su gabinete ministerial para este martes 20 de diciembre.
“Lo primero que han tenido que hacer el ministro del Interior (César Cervantes) y Defensa (Alberto Otárola) es renunciar a sus cargos. Eso es lo mínimo. Debieron renunciar a sus cargos porque ha habido 22 muertos. Por lo menos que la presidenta los cambie, aprovechando que hay recomposición del gabinete el día de mañana. Ese tiene que ser un gesto político en favor de la ciudadanía”, manifestó.
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En ese sentido, el acciopopulista acotó que Dina Boluarte “no puede lavarse las manos” ante el número de fallecidos que se vienen registrando, así como los 290 policías lesionados y 279 civiles heridos.
“La presidenta (Dina Boluarte) no puede lavarse las manos. Ella tiene que asumir sus responsabilidades. Tienen que asumir sus responsabilidades también el ministro del Interior y el de Defensa (...) Hay un orden sucesorio y constitucional”, aseveró.
En otro momento, se solidarizó con los familiares de los fallecidos; no obstante, recalcó que esto se debió “por acciones que han merecido la aprehensión de las personas”. “Una protesta debe ser con fuerza, peor también respetando a los miembros de la sociedad. Esto debe ser una solución por parte del Ejecutivo”, añadió.
Por otro lado, el congresista Alex Flores, de Perú Libre, presentó una denuncia constitucional en contra de César Cervantes y Alberto Otárola, titulares de los sectores del Interior y Defensa, respectivamente.
Ambos funcionarios son acusados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) de haber cometido el delito de homicidio calificado y lesiones graves debido a los nueve muertos registrados en Ayacucho, así como la lista de heridos atendidos por el Hospital Regional de la región.